Algunos dominicanos pensaron que, al producirse el cambio de administración el 16 de agosto, inmediatamente se iniciaría una persecución hacia todos aquellos funcionarios del gobierno del PLD que les atribuyen la comisión de corrupción.

Pero se impone la prudencia judicial. Nadie pone en duda la firmeza y competencia profesional de Miriam Germán y de Yeni Berenice Reynoso. Se trata, empero, de agotar un proceso investigativo y de reunir las pruebas en cada caso, para que los expedientes estén bien sustentados.

El gobierno dispuso –a través de la Contraloría General de la República– auditar a todas las instituciones públicas y habría que esperar los resultados. Lógico: la Procuraduría dispone de sus propios mecanismos de investigación, pero cuando los hallazgos de varias pesquisas arrojan efectos similares las eventuales imputaciones se sostienen en argumentos más sólidos.

Se impone la confianza en el Ministerio Público, pues mejor no podía ser la calidad de los miembros. ¡Ahora bien! Esas damas podrían hacer su trabajo –tal y como la ciudadanía espera–, pero con esa Suprema Corte no es para crearse expectativas de justicia, pues a esos “magistrados” los designaron para blindar de impunidad a todos los funcionarios salientes.

Lo único que asegura justicia es el cambio total o parcial de esa Suprema Corte de Justicia. Lo ideal sería remover el pleno, pero los reglamentos lo impiden.

De todos modos, con cambiar al presidente y a dos o tres magistrados se obtendrían transformaciones tangibles. Pero la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura podría demorarse, pues aún no está definida la segunda mayoría.

“La demora de la justicia significa injusticia”, dijo Walter S. Landor. Esa injusticia prevaleció durante los 20 años de administración peledeísta. No se puede pretender ahora que se esté apresando gente del pasado gobierno. Es un proceso que conlleva pasos, empezando por una adecuada investigación.

Por: Danilo Cruz Pichardo

danilocruzpichardo@gmail.com