Controversia por el aborto
SANTIAGO. En los primeros debates de la reforma constitucional, el tema del aborto ha sido el más polémico, al extremo de dividir no sólo a los asambleístas, sino a buena parte de la opinión pública, con posiciones a favor y en contra de permitir la interrupción del embarazo por razones terapéuticas, que es lo que se enfrenta a la prohibición total.

El peso específico de la iglesia católica, y sobre todo de sus representantes más influyentes en lo político y de mayor presencia en los medios de comunicación, se ha dejado sentir y ha provocado, inclusive, que sectores partidistas actúen con cautela y reservas en cuanto a fijar posiciones abiertamente contrarias al dogma religioso.

La actitud de la iglesia es entendible, es una posición que tiene milenios y es un principio absoluto que se acepta con fe ciega y que no admite ninguna disidencia ni interpretación al margen, por más evidente que sea el riesgo de la madre y por más problemas de salud o congénitos que pueda acarrear el futuro nacido, o porque sea incestuoso o inviable.

No hay cambios en los católicos que se han opuesto desde siempre, inclusive, a cualquier forma de control de la natalidad incluyendo al uso del preservativo por el varón, la extirpación o ligazón de las trompas de Falopio en las mujeres, la aplicación del dispositivo intrauterino, así como la ingestión de contraceptivos o las denominadas píldoras para el día después.

A esta posición religiosa invariable se opone el planteamiento científico y también jurídico, que postula en base al raciocinio, que la interrupción del embarazo debe ser permitida por razones médicas cuando se pone en riesgo la vida de la madre, para salvarla y no troncharle la posibilidad de poder volver a dar vida, aunque haya tenido un embarazo fallido.

La actitud religiosa es dogmática, pues tampoco admite ningún control natal excepto el natural, y frente a la realidad del mundo de hoy y los avances médicos, la posición de la iglesia sobre este tema es desfasada, atrasada e ilógica, además de que en buena medida el tema no debería tener la categoría de asunto constitucional que se le ha dado.

La propuesta presidencial del artículo 30 en la nueva Constitución fue aceptada, quizás a regañadientes o con hipócrita votación, sobre todo de asambleístas que en privado están en contra de lo que aprobaron pero que temen a la influencia y reacción futura de jerarcas católicos con altísima incidencia en asuntos políticos vernáculos.

Aunque la victoria para la posición de la Iglesia Católica fue aplastante, 167 a favor versus 32, está pendiente una segunda lectura que podría ser para rectificaciones, por encima del deseo del presidente Leonel Fernández y sectores religiosos para ampliar el grupo que votó en contra: 26 del PLD, cinco del PRD y una reformista.

No se puede llegar tan lejos en el respeto a la vida ni ser tan extremistas, como tampoco el asunto deba trascender de los aspectos médico-científicos y jurídico-políticos. Y punto.