De juego y corrupción
SANTIAGO. Con o sin razón, por motivaciones políticas, económicas o de otra índole, la Lotería Nacional ha hecho revelaciones trascendentes en materia de juegos de azar en el país, tanto en el volumen monetario que envuelven supuestas evasiones impositivas, como la relación con este sector de negociantes que se ha hecho rico de la noche a la mañana.

No se trata de una actividad ilícita, por cuanto el Estado la ha legalizado y se beneficia de ella, de manera que no tiene, en principio, nada de malo en lo formal y legal, aunque en el aspecto moral sea cuestionable y, peor aún, que desde la propia administración pública se fomente la cultura del juego y del vicio, que es tan perniciosa para la sociedad.

Los datos aportados por la entidad pública, que confió un estudio a una firma privada, son para asombrarse, y basta con repetir lo reseñado: Los dominicanos juegan alrededor de 45 mil millones de pesos al año, solamente en bancas de loterías, mientras una cantidad similar se hace en apuestas deportivas y otros juegos de azar.

De acuerdo a consultores contratados por la Lotería, el monto promedio jugado cada día es de 300 millones de pesos, de los cuales 122 millones y medio se traducen en beneficios cotidianos para los propietarios de bancas, lo que dimensiona lo lucrativo que resulta este negocio y el poder que deriva por sus vínculos con sectores políticos.

No hay dudas de que la Lotería es dirigida, en estos momentos, por manos de dudosa reputación pública y conocido historial que le restan calidad moral a sus planteamientos, pero la realidad es que la cultura del vicio y del juego, no sólo a la entidad estatal, sino a bancas de apuestas deportivas y a otros sistema de lotería, es un caso alarmante.

Ocurre que un escándalo es tapado o superado por otro y así nacen y mueren noticias que irritan a la opinión pública como el más reciente caso del Programa de Reducción de Apagones, encabezado por un autodenominado apóstol que convirtió la entidad en un negocio particular.

El vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales confirmó que hubo nepotismo y, más que eso, desviación de fondos por 313 mil 275 pesos en el PRA según una auditoría cuyas resultados ya están en poder de la CDEEE, de acuerdo a lo informado por Radhamés Segura.

El experticio contable determinó que al antiguo director del PRA, Marcos Lara, había nombrado e incluido en la nómina a 16 parientes y 18 relacionados por motivo religioso y que desvió más de 300 mil pesos de la entidad en remodelación de su oficina privada.

En un país medianamente serio y de gente que se respete, con autoridades que conozcan y sepan cumplir a cabalidad sus responsabilidades, ya se hubiese dado un ejemplo creíble ante el pueblo desde la cúspide del poder, para enfrentar el manto de impunidad que cubre hechos pecaminosos como los que se conocen de manera cotidiana en la prensa.