Decisiones y lecciones
SANTIAGO. La justicia dominicana ha avanzado en los últimos quince años, es un hecho que está a la vista a pesar de señales negativas de los últimos meses y del comportamiento político que, a veces, se advierte en decisiones jurídicas con implicaciones que trascienden lo legal.

No se le puede restar ese mérito desde la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura después de la modificación constitucional de 1994, pese a que por momentos, como en el pasado diciembre, pueda pensarse que todo lo logrado ha sido echado por la borda por el máximo tribunal de justicia del país.

El combate a la corrupción no gubernamental y su sanción en los tribunales ha tenido una expresión que quizás sea la excepción a la regla de oro de la impunidad del poder económico, político y religioso de la República, para el cual no aparenta haber justicia ni posibilidades de sanciones conforme a ley y a lo que la gente espera.

Si bien los crímenes contra el Erario no han sido penalizados como espera la población, aparentemente por una suerte de pacto por la impunidad recíproca de un gobierno a otro cuando hay cambio de partido, en el sector privado las cosas han sido diferentes.

Resultaría impensable que la efectividad judicial contra la corrupción privada, que antes ni se mencionaba, fuese un hecho tangible en la actualidad y que por lo menos cuatro ejecutivos de sendas instituciones bancarias, incluyendo quebradas, estén en prisión a consecuencia de decisiones de tribunales de la República.

La última sentencia judicial del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, dada a conocer hace pocos días, que condena a penas de prisión de cinco y tres años a dos funcionarios del Banco Mercantil, es otro ejemplo alentador de que el Poder Judicial ha avanzado en el país y que, al menos en escándalos bancarios, han sido impuestas penas satisfactorias a la población.

Ésta se suma a anteriores sentencias, también condenatorias, en el caso Baninter, que ha generado la publicación de un libro convertido en fenómeno de lectoría en base al lema Todas la posibilidades, en que el periodista Freddy Aguasvivas recrea interioridades en forma novelada y documentos de la explosión del escándalo.

También está definido, con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, el expediente del Bancrédito, apodado pequeño, cuyos imputados fueron sentenciados, y recién ahora hay una condena en primer grado a los acusados por el fraude a Banco del Progreso.

Están pendientes procesos parecidos, lo que demuestra que hay voluntad reiterada para producir decisiones aleccionadoras que satisfacen a la colectividad y que son una luz en las tinieblas de la impunidad de la corrupción oficial.

Debe llegar el momento en que las sanciones judiciales a la corrupción pasen del ámbito privado y se adentren en escándalos de sustracción de recursos públicos, porque el robo descarado y las indelicadezas están a la orden del día en la administración del Estado. ¡Ojalá!.