El escándalo de Aduanas Santiago, como han sido tipificadas las evasiones aduanales millonarias en almacenes cibaeños, pone de manifiesto, nueva vez, los roles de la prensa y la justicia, además del derecho al honor como bien patrimonial personal.

Más de una arista tiene, positiva y negativa, porque la dimensión mediática alcanzada lo sitúa como estafa de 137 millones de pesos en impuestos por importaciones tramitadas vía almacenes aduanales locales.

Este tipo de caso no es nuevo, existe desde tiempo inmemorial como práctica cancerígena. Lo novedoso es que fuera llevado al ámbito judicial, como debe ser, y la dimensión en la prensa, así como la notoriedad de familiares de los imputados.

Es positivo que, en base a evidencias y de acuerdo al debido proceso, un ilícito de la magnitud que supone este caso no muera en la discrecionalidad del Ministerio Público, en influencias de políticos, ni sea acallado por la prestancia socioeconómica y política de los imputados, como sucedió antes.

Todo esto es signo de avance. Sin embargo, el caso ha sido alimentado con morbo en mentideros políticos y medios de comunicación que pretenden erigirse en tribunales y transferir imputaciones y responsabilidades jurídicas de los acusados a familiares, específicamente a padres.

La prensa trata esto alegremente. Es conveniente una reflexión y autocrítica, para que en todo suceso noticioso prevalezca el dato, la información, en vez de la especulación y la divulgación de decires que enlodan reputaciones anónima e irresponsablemente.

En casos sonoros, la prensa es tomada como tribunal mediático, tales la estafa multimillonaria contra el Baninter, y lo relacionado al boricua Figueroa Agosto y su compañera sentimental, convertido en drama novelesco.

En el proceso por las evasiones aduanales en Santiago no se juzga a ningún político, ni a un padre o madre, que no son responsables penalmente por hechos de hijos mayores de edad, y lo conveniente es dejar que la Justicia actúe. Que se cumpla el debido proceso, sin estridencias, privilegios ni difamaciones, para respetar el derecho constitucional al honor de cada quien.