Las libertades de expresión, difusión del pensamiento e información, englobadas genéricamente en libertad de prensa aunque tienen matices y particularidades, están consagradas en la Constitución y son atributo personal como derecho natural inherente al ser humano y universalmente reconocido.

En el país la vigencia de la libertad de prensa genera controversias y excesos de celos para que sea inmaculada, por parte de comunicadores sociales viejos y nuevos y actitudes que rayan en exceso de poder y abuso del derecho por sectores del gobierno.

El corolario es la actitud del Estado, entendido como el conjunto de órganos superiores que rigen los poderes públicos con responsabilidades y obligaciones de actuar para mantener la paz ciudadana, buenas costumbres y, en fin, el respeto al orden jurídico del que no escapa la prensa y sus agentes.

No hay dudas de que aquí existe plena libertad de prensa, sin cortapisas ni censura previa, es más, lo que se comprueba a diario en medios de comunicación, sobre todo electrónicos, es el exceso y abuso de esta prerrogativa que conduce a un libertinaje mediático latente y omnipresente.

En abono de un pretendido derecho absoluto e ilimitado se trastoca la libertad en libertinaje y la intervención estatal como órgano regulador se ausenta irresponsablemente como si no existiese régimen legal para respetar normas fundamentales de la mayoría frente al abuso por parte de minorías.

El gobierno es co-responsable del vergonzoso desempeño de cierto sector de prensa y de comunicadores sociales, que parece una horda de cuasi delincuentes que practican sicariato moral-mediático, extorsión y chantaje, por un lado, mientras en otros ámbitos promueve bocinas y manipuladores.

La tapa al pomo de esta actitud, a veces permisiva, cómplice otras, son actos jurídicos intimidatorios, abusivos y temerarios de altos cargos gubernamentales que pretenden censurar al sector escrutador de indelicadezas oficiales y asfixiar medios en lo económico para silenciar críticas.