El debate sobre modificación o regulación del ejercicio periodístico, de medios de comunicación o la libre expresión del pensamiento siempre encuentra obstáculos, advertencias y premoniciones de alegados peligros a la libertad de prensa, como si se tratase del cuco que asusta niños.

Esa pretendida libertad de prensa se confunde con la de la empresa o negocio de la comunicación, por encima del derecho del periodista a ejercer su rol.

En la controversia también se invocan argumentos como la garantía para una opinión pública sana, abierta y participativa, cuando en realidad se defiende la opinión publicada, que dista mucho de aquella.

La reforma y actualización de la obsoleta legislación sobre medios de comunicación, que abarca la libre expresión del pensamiento, prensa escrita y audiovisual, además de los espectáculos públicos, será siempre tema controversial, pero eso no le resta mérito, necesidad ni pertinencia.

Ningún derecho es absoluto, es una máxima jurídica. Ni siquiera el derecho a la vida y, en consecuencia, toda norma tiene límites y regulaciones, existe una frontera.

Es un criterio generalizado que en el país hay plena libertad de prensa en el sentido más amplio, que más que censura pudiera existir la autocensura de medios y periodistas, y que es tan extenso e incontrolable el ejercicio de libre expresión y difusión del pensamiento, que ha degenerado en libertinaje.

Las pruebas de los excesos y abusos de este derecho están a la orden del día en programas de radio y televisión, y ya no se trata sólo de difamación e injuria, sino que otros actos ilícitos contra el honor, buen nombre y propia imagen personales son vulnerados con sorprendente frecuencia y mayúscula impunidad, no obstante estar protegidos en la nueva Constitución.

Ante este envenenamiento del público perceptor, urge la intervención del Estado como regulador, en su obligación de adecentar los medios de comunicación y el ejercicio periodístico, dentro de la propia ley.