Jueces y drogas

En el debate sobre la debilidad institucional e inefectividad de las autoridades para combatir el consumo y tráfico de drogas se trata de romper la soga por el punto más vulnerable que, al mismo tiempo, debe ser el más fuerte en la sanción al narcotráfico, siempre que se den las condiciones y formalidades legales que así lo hagan posible.

El cuestionamiento a la justicia está de nuevo en el tapete porque una sospechosa de lavado de activos y vinculada a un fugitivo señalado en Puerto Rico como narcotraficante, fue beneficiada con una variación de medida de coerción que, al dejarla en libertad, le permitió huir o ser desaparecida del país para alejarla del proceso.

Es el caso de Sobeida Feliz Morel y sus nexos con José Figueroa Agosto, ambos declarados rebeldes a la justicia por haber desaparecidos luego del hallazgo de casi cinco millones de dólares en efectivo, en un vehículo frente a su edificio, los que alegadamente son de su pertenencia.

El esposo o ex consorte de la ya famosa dama ahora es la víctima, el chivo expiatorio.

Los jueces son el punto débil por cuanto tienen que actuar en base a pruebas y evidencias que les presenten, cuando se trata de juicio de fondo, y en otros como los de fijar medidas de coerción, en las posibilidades de evasión del procesado, su arraigo y solvencia.

El asunto es que los expedientes son enviados a los tribunales con fallas de origen y, en ocasiones a propósito, por conocedores de intersticios legales para permitir que, al llegar ante el juez, no haya mucha dificultad para favorecer a un procesado vinculado a drogas ante la duda legítima o la mala instrumentación del asunto.

Quizás los problemas o debilidades del Código como elemento efectivo para castigar delincuentes no estén en el documento en si y sus disposiciones, sino en los operadores del sistema que estimulan estas fallas o lagunas.

Cuando se evalúan estas situaciones desde las tribunas públicas se quiere sacrificar o satanizar determinado juez que en otros casos ha actuado con severidad y pulcritud, pero ahora puede ser el perfecto chivo expiatorio.

Esta realidad obliga, al menos, a reflexionar sobre la ética en la función pública.