Ilegalidades e impunidad

En el lento tránsito hacia la necesaria institucionalidad y real vigencia del estado de derecho, la sociedad dominicana contempla casi impávida que quienes tienen atribuciones para hacer cumplir la ley y mantener el orden son, al mismo tiempo, consuetudinarios transgresores de las normas emanadas de los propios órganos gubernamentales.

Es lamentable que se asuman hechos ilícitos como asuntos normales y no se apliquen los mecanismos para superar acciones contrarias al avance democrático y a la aspiración de una sociedad civilizada y, peor aún, que los violadores conscientes del ordenamiento jurídico queden protegidos, en la práctica, por el manto de la impunidad.

Ahora se evidencia y ponen de relieve asuntos que, inclusive, trascienden las fronteras nacionales porque implican a un organismo externo cuyos técnicos asesoran a los nativos para que el proyecto de presupuesto del año próximo se ajuste a las exigencias crediticias del Fondo Monetario Internacional, no obstante violen de manera olímpica más de una ley.

El común de la gente, y quizás hasta medios de comunicación, ignoren que lo que se debate y debe ser aprobado en el Congreso Nacional es una disposición legal que se llama proyecto de presupuesto y ley general de ingresos y gastos del Estado para el año próximo, es decir, que abarca a toda la colectividad y que ha sido definida como instrumento de desarrollo.

El proyecto, cuando sea convertido en ley, de inmediato es violado porque lo aprobado no se lleva a la práctica tal como manda la legislación, en cuanto a partidas asignadas por leyes anteriores a dependencias específicas, como los casos de Educación y los ayuntamientos, para citar sólo dos ejemplos puntuales y recurrentes.

Los técnicos gubernamentales que prepararon el proyecto admiten que es violatorio a la ley, los legisladores también lo saben y el Poder Ejecutivo, con sus órganos auxiliares en materia presupuestaria, está consciente de que en la ejecución serán transgredidas normas legales, como todos los años.

Esta es una muestra más que suficiente de la aprobación de normas para ser violadas y desdoblar la función de vigilancia y control de legalidad en lo contrario, en un abuso de poder. Y ni hablar de los excesos de la Policía.