POR: Carlos Manuel Estrella
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Más blindaje a corrupción
Las modificaciones al Código Procesal Penal aprobadas por el Congreso Nacional son un retroceso en lucha contra la corrupción administrativa, quitan poder al ciudadano como querellante y contradicen principios constitucionales que las hacen contrarreforma estimulante de impunidad. No solo eliminan la acusación popular del tercer párrafo del artículo 85 del CPP (ley 76-02), sino que amplían el plazo de prisión preventiva a 24 meses, como si la libertad no fuese el presupuesto jurídico básico, fortalecido por el principio de presunción de inocencia para impedir pena adelantada.
Los reclamados cambios a legislación procesal penal, como mecanismo para frenar la creciente delincuencia, son injustificables bajo el argumento de que el código con un decenio de aplicación es tan garantista que “protege” al imputado y desampara la víctima, como si la fiebre estuviese en la sábana. Parecido a elevar el castigo a menores en conflictos legales como mecanismo fallido de disminuir delincuencia juvenil.
El malestar no está en el CPP como se evidencia, sino en operadores del sistema con demostrada incapacidad e ignorancia, quizás a propósito, del carácter normativo probatorio, no inquisitorio, y exigencia de pulcritud en las diligencias procesales para que la deseada condena tenga méritos ante el juez. La eliminación del poder ciudadano de querellarse no queda cubierta con el derecho constitucional a “denunciar las faltas cometidas por los funcionarios” (art. 22.5 CD) porque esta atribución es libertad de expresión, mientras aquella (art. 85 CPP) es calidad de ser acusador en lo jurisdiccional.
Los legisladores buscan protegerse como políticos clientelares y cerrar brecha que los llevaría a ser procesados, mientras con otros cambios al CPP persiguen hacerse “simpáticos” ante la opinión pública con percepción de que el mal está en la norma. El presidente de la República debe observar la ley y devolverla al Congreso, para evitar más blindaje a corrupción.
El Nacional
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