Opinión

PUNTOS… Y PICAS

PUNTOS… Y PICAS

Carlos Manuel Estrella

¿Rebelión popular?

 

 

Qué puede hacer la población cuando el sistema formal de sanción de inconductas no satisface sus expectativas en reiterados casos de corrupción administrativa ventilados en tribunales y que terminan como espectáculo mediático tragicómico, inmune a payasos y al dueño del circo?

La reforma constitucional de 2010 permitió una arquitectura jurisdiccional barnizada de legalidad formal teórica pero carente de legitimidad por diseño con falla de origen partidario que ofrece blindaje frente al reclamo popular de castigo ejemplar para “ladrones de cuello blanco”.

La cabeza de la clase política dominante que se encandiló con negocios particulares desde la función pública y se convirtió en grupo económico hegemónico temible por poderes fácticos tradicionales colocó peones en el tablero judicial para defender alfiles y proteger fichas claves.

De esta manera mientras por su lado la Cámara de Cuentas, que se la pasa “haciendo cuentos”, revela resultados indecorosos de investigaciones contables que devienen en escándalos de prensa irritantes para la población, los tribunales evacuan fallos cargados de fetidez para el ciudadano consciente.

Antes fue el Ministerio Público con tristemente célebres dictámenes de “archivos de expedientes” que detienen acción penal en casos de corrupción, enriquecimiento ilícito a costa del erario y lavado de activos de dudosa procedencia, ahora son los “no ha lugar” de jueces de la nueva era peledeísta.

El mensaje está clarísimo, mientras “altas cortes” tengan conformación actual engendrada en pasada gestión será imposible sancionar abuso de poder y corrupción proscrita en artículo constitucional 146 que abarca a terceros, asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados de funcionarios.

La coincidencia de dos “no ha lugar” a favor de sendos funcionarios imputados de corrupción, en viernes de dolores transformado en sepulturero de credibilidad judicial, tipifican la tiranía sistémica que premia impunidad y que obligará más tarde o temprano al supremo recurso de la rebelión popular.

El Nacional

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