Disputa por diputaciones

De los miles de cargos electivos que estarán en juego en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2016 y definidas las principales nominaciones al Poder Ejecutivo, los 190 asientos de la Cámara de Diputados son los más apetecibles y causantes de conflictividad.

¿Cuáles son los atractivos y por qué el interés? Los privilegios y protecciones que implica la función legislativa, el ser “juez y parte” en la producción de leyes y bailar en todas las fiestas por reparto de poder, con ignorancia olímpica de principios, ética y responsabilidad pública.

¿Qué hace o debe hacer un diputado? Tres asuntos básicos y principales que parece desconocer como son representar, legislar y fiscalizar o controlar, delicadas funciones que le asigna la Constitución que le exige dedicación exclusiva a su labor, incompatible con cualquier otro empleo público.

Un balance de la labor de estos privilegiados ciudadanos evidencia baja productividad de cara al compromiso como delegados representantes de “la voluntad popular” y sin ejercicios complicados basta con revisar la cantidad de leyes pendientes de aprobación a partir de la Constitución de 2010.

Leyes que son mandatos de la propia Carta Magna como desarrollos legislativos de postulados constitucionales, para citar ejemplos, las del referendo y del ordenamiento territorial, sin mencionar las que no desean sancionar para seguir actuando “como chivos sin ley”.

La mala imagen de los “honorables” diputados, expresada en creciente pérdida de confianza de la población, está comprobada en la reciente encuesta Barómetro Latinoamericano y en escándalos para sancionar leyes con influencia del invisible y siempre presente “Hombre del maletín”.

Conviene reflexionar ahora, a propósito de la disputa por diputaciones, si vale la pena mantener este órgano “democrático” tan numeroso y oneroso al contribuyente, porque la población puede estar perfectamente mejor representada en un Congreso unicameral, con menos vagos y verdaderos servidores públicos.