La supuesta política de moralidad y ética que pretende enarbolar el gobierno es fraude inmoral, sin voluntad de enfrentar males heredados y latentes ni mucho menos hacer lo que nunca se ha hecho para enjuiciar la corrupción y romper mafias como en el caso Fonper versus Eges.
El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) surge del proceso de reforma y transformación de empresas públicas en 1997 con la misión fundamental de velar, custodiar y administrar las acciones del Estado en los nuevos entes capitalizados.
Fue creado por ley en 2001, tiene autonomía, patrimonio y personalidad jurídica propia y debe defender el interés público en empresas como las generadoras eléctricas Ege Haina y Ege Itabo, parte del sistema energético nacional.
Como representante estatal en esas sociedades comerciales, el pasado director del FONPER, José Augusto Izquierdo, se interesó por dividendos de la participación oficial en esas empresas, descubrió acciones fraudulentas y mafiosas en perjuicio del Erario y llevó el caso a tribunales.
Según Izquierdo, las generadoras han dejado de entregar al Estado más de 10 mil millones de pesos en utilidades por su participación accionaria y tienen un modus operandi sospechoso que vincula otras empresas del sistema, pero privadas, en una mafia para estafar.
En un proceso que le agotó meses, el funcionario logró documentar la situación basada en estados financieros oficiales, auditados y publicados, datos que sustentan el sometimiento de las Eges vía la Fiscalía del Distrito Nacional, ante la cual ha declarado.
Al trascender como noticia, ramificaciones mediáticas de esa mafia energética se encargaron de silenciar la grave denuncia por vía del boomerang al presentar al denunciante como suscriptor de contratos grado a grado, de coste millonario, a favor de abogados.
Fue la estrategia de comunicación para desacreditar el caso y eludir la cuestión principal, virtualmente extinguida de la gran prensa, para dejar a Izquierdo como llanero solitario que cuenta sus penas en medios audiovisuales.
Así se combate la corrupción, con moral de pacotilla y antiética. No hay continuidad de Estado, las mafias gobiernan y ordeñan las finanzas públicas.

