Algunos organismos internacionales, a partir de estudios realizados en el país, resaltan el carácter corrupto del gobierno dominicano. Hay que agregar que, probablemente, es la administración que más violenta su Constitución y leyes ordinarias.

En un esfuerzo por desviar la atención de los escándalos, instruye al Senado declarar un desagravio a Obama, porque Hipólito Mejía, candidato del Partido Revolucionario Dominicano, hizo alusión a su ascendencia africana, cuando simplemente destacó la capacidad de superación del presidente norteamericano.

Al fracasar el desagravio, se inventa el complot de Pepe Goico contra el gobierno haitiano.

No conforme con el complot de Pepe, ahora viene con los planes de Guido Gómez contra Miguel Vargas. No es más que la habitual forma de Guido hablar en privado. A todos se nos puede ir la boca hablando por teléfono. Ahí no hay ningún plan, aunque procede la disculpa de Guido con Miguel y que ambos se den un abrazo.

Los casos con los que el oficialismo pretende dañar al PRD, en su afán por excluir la corrupción de la agenda nacional, no han tenido acogida e incrementan su falta de crédito en la población.

Y es oportuno que el PLD sepa que cuando tenga alguna prueba que comprometa al PRD o a alguno de sus miembros, no puede obtenerla por medios ilícitos. El numeral 8 del Artículo 69 de la Constitución de la República dice: Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley.

Pero la arrogancia lleva al gobierno a intervenir todos los teléfonos que quiera, en violación al Artículo 44 de la Constitución.

Llegan al extremo de obtener autorización de jueces para intervenir lista de teléfonos de supuestos narcotraficantes, en la que incluyen números de personas decentes de la oposición política. ¡Qué gobierno!