Para cualquiera que llegue al país y se tope con las constantes denuncias en los medios de comunicación de Pro-Consumidor, podría llegar a la conclusión de que está en una nación de estafadores.

Pero cuando las denuncias vienen de un organismo oficial, el problema es mayor, dado que, de ser cierto el cúmulo de estafas contra los consumidores, el Gobierno es el llamado a ponerle fin a esa práctica nociva y no a crear burbujas artificiales.

En las últimas semanas Pro-Consumidor ha denunciado estafas contra consumidores de salami y otros embutidos (al decir que estaban contaminados con heces fecales), azúcar crema mezclada con arena, arroz con altos niveles de arsénico, y engaño al medir el gas licuado de petróleo.

Es posible que eso sea cierto, pero cuando las denuncias provienen de un o organismo gubernamental y no son hechas con el nivel de responsabilidad que se requiere en estos casos, hacen enorme daño a los inversionistas, porque los incluyen a todos en la misma denominación.

En el caso del salami, nunca hubo la responsabilidad suficiente para decir al país los nombres de las empresas que descuidaron su control de calidad, así como los nombres de las que sustituyen la carne por huesos y vísceras molidas.

Con el GLP pasa algo similar, se acusa a los representantes de las marcas distribuidoras, sin pensar en los detallistas o en la cadena de intermediación, como son los motoconchistas que hacen el papel de delivery cuando en cualquier hogar de clase media o baja se termina el gas.

Conozco casos donde los vendedores de las estaciones de GLP estafan a los consumidores en el momento de la venta, sin que necesariamente lo sepa del propietario. Muchos de ellos exhiben los días feriados hermosos autos o motocicletas de alto cilindraje.

El otro caso es cuando se usa un motoconchista y se le pide echar una cantidad determinada de galones de gas al tanque. Esto casi nunca ocurre, y casi siempre las amas de casa terminan acusando a otro de la estafa.