El incremento de las sanciones penales contra los menores de edad en conflicto con la ley ha creado un justificado debate. Es necesario y bueno que se produzca. La vida democrática tiene que fundamentarse en el respeto a las opiniones contrarias y en el derecho a disentir. Son muchos los que apoyan la iniciativa de los diputados de convertir en ley esa intención. Otros apoyan a los senadores, cuyo presidente, el doctor Reynaldo Pared Pérez, objetó públicamente la posición de los miembros de la Cámara Baja. ¿Cuál sería la opinión de los afectados? Ellos tienen derecho a expresarse.

Muchos piensan que endureciendo las penas se disminuyen los delitos. Está comprobado que es un error. Poco importa la drasticidad de la sanción, los seres humanos normales continuarán delinquiendo siempre que la sociedad no cree las condiciones para que prefieran la legalidad. Por ejemplo, educación y oportunidades de desarrollo y superación. Los que nacen desquiciados, con patologías mentales de inadaptación, (psicópatas, sociópatas, esquizofrénicos), buscarán la forma de manifestarse al margen de todo orden social.

Si se pudiera comprobar que a mayor pena habrá menos delito, todos los crímenes estuvieran sancionados con la pena capital. Siendo la pena de muerte la mayor y peor sanción, entonces sería la panacea. Los países que aplican ese anacronismo penal también tienen que revisarse, porque no resuelve nada.

Ciertamente, el endurecimiento de las sanciones penales no impide la comisión del delito. Puede disuadir en determinados casos, pero no es solución.

Para una persona sicológicamente normal y con cierto grado de educación, la delincuencia es una aberración. El primer día que incurre en actos reñidos con la ley, experimenta un desgarramiento que le afecta el alma, como si un cristal se rompiera en mil pedazos.

Lo lamentable es que regularmente se aprueban medidas para combatir la delincuencia motivadas solo por el populismo penal. Se quiere quedar bien con la opinión pública y enviar un mensaje a la población que contiene una salida falsa.

Hasta los jueces muchas veces incurren en esa mala práctica. Buscan quedar bien con la opinión pública aunque sancionen a un inocente. Olvidan que la justicia debe ser imparcial, independiente, objetiva, justa y oportuna. Imparcial para dar a cada uno lo que le corresponde; independiente para no permitir injerencias; objetiva para ceñirse a las pruebas aportadas; justa para guardar relación entre el hecho y la sanción, y oportuna para aplicarla en tiempo razonables.

La delincuencia juvenil se incrementará, sin importar las sanciones establecidas, si no se orientan las políticas públicas a favor de la infancia conforme a los criterios adecuados. Sabemos que la fiebre no está en la sábana y el populismo penal no resuelve nada.