Ningún país puede desarrollarse ni considerarse civilizado si no ofrece una auténtica seguridad jurídica en el régimen legal de la tenencia de las tierras y de los demás derechos inmobiliarios. En el capitalismo que vive el mundo de hoy, el derecho de propiedad es la espina dorsal de la sociedad. Tanto es así que lo económico, social, político y jurídico-institucional colapsarían si no se respeta ese derecho.

Para los seres humanos, su patrimonio es sagrado. Y en la práctica tiene más importancia que cualquier otro derecho, incluyendo la vida, el honor, la fama. Prueba de ello es que están dispuestos a morir o a matar para mejorar su situación económica, y a realizar acciones que riñen con el correcto actuar.

Más aún, el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción es la característica esencial de la sociedad capitalista. De él se derivan todas las demás manifestaciones, buenas o malas, del orden social. El capitalismo no existe sin ese derecho. Por eso es que los sectores gobernantes, cuando tienen conciencia de su rol, cuidan el derecho de propiedad como la niña de sus ojos.

La Constitución consagra el derecho de propiedad en su artículo 51 y lo refuerza con la seguridad jurídica que emana del artículo 110. Es un derecho fundamental. Se impone a todo el mundo, incluyendo al Estado.

Ahora bien, para que el derecho de propiedad inmobiliaria surta efectos multiplicadores en la economía, se impone que esté debidamente registrado y titulado. Es lamentable que en nuestro país existan tantos terrenos pendientes de registro y titulación. Se mantienen en un estado jurídico precapitalista. Los que poseen esas tierras actúan y piensan en ese marco de atraso. Sus potencialidades no alcanzan los niveles deseados. Basta con saber que no tienen acceso al mundo financiero formal y el valor de mercado de esa cuestionable propiedad es muy bajo.

Si queremos que la nación avance en el camino del progreso real, tenemos que lograr el registro y titulación de todas las tierras de la República. Eso solo se logra con el proceso de saneamiento. Hay que localizar los terrenos, identificar los derechos, depurarlos, adjudicarlos y registrarlos. Solo un juez competente puede hacerlo. Jamás un empleado administrativo. El certificado de título que representa el derecho de propiedad inmobiliaria debe gozar del respeto y la garantía que le corresponden, gracias a su fuerza probatoria y a su carácter imprescriptible.

La Estrategia Nacional de Titulación de Inmuebles planteada por el presidente Danilo Medina es buena, necesaria y urgente. Pero el anteproyecto de ley que la crea fue jurídica y técnicamente mal concebido y peor planteado. Es necesario revisarlo y ajustarlo al orden constitucional y legal que nos rige.