Constitución y Sobeida

La sociedad dominicana se ha conmocionado con el derrotero que ha tomado el expediente instrumentado a la señora Sobeida Félix Morel, con relación a los famosos 4.6 millones de dólares que la fiscalía del Distrito Nacional incautó. Ella fue puesta en libertad por la orden del tribunal competente y gracias a una garantía económica.

Si la señora Sobeida hubiese correspondido como debe ser a los requerimientos de la Justicia, la orden de libertad condicional que la favoreció sería criticada sólo por lo escandaloso del caso, y por su vinculación con el prófugo José Figueroa Agosto, supuesto jefe de una red de narcotraficantes internacionales.

Pero la desaparición de Sobeida complicó todo. Hasta el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, manifestó su descontento con el sistema de justicia por la falta de control y vigilancia en el caso.

Algunos consideran exagerado que el Primer Mandatario de la nación se pronunciara como lo hizo. Pero ésos que hoy critican serían los primeros en acusar al Presidente de insensible e indiferente si no fija su posición. Es palo si boga y palo si no boga. El Jefe del Estado ejerció su derecho de preocuparse por el caso y cumplió su obligación de impulsar las medidas necesarias para que el asunto Sobeida se maneje con menos traumas institucionales.

Las críticas del presidente Leonel son coherentes con su misión de garantizar seguridad a los ciudadanos y una mayor eficiencia de los organismos públicos.

Hasta se ha ofrecido una recompensa de un millón de pesos para incentivar a las personas a cooperar con las investigaciones que permitan al aparato de seguridad del Estado la captura de Sobeida. Todos los aparatos represivos están concentrados en esa búsqueda.

Vivimos en un sistema deficiente, raquítico e injusto, pero democrático. O por lo menos en la forma en que puede serlo en una sociedad pobre y atrasada.

Existe un conjunto de reglas que deben ser cumplidas como muestra de la existencia de un Estado de Derecho. Y la primera es el respeto a la Constitución y los derechos fundamentales. Por tanto, toda persona es inocente hasta que sea probada su culpabilidad en un juicio público, oral y contradictorio, y que se dicte una sentencia irrevocable.

La libertad es el estado natural de las personas, y la regla. La prisión es una excepción. Sólo procede en casos específicos. Los jueces penales pueden poner en libertad a cualquier procesado si consideran que no es peligroso y si presenta las garantías correspondientes para asegurar que la justicia no será burlada. Parece que Sobeida reunió esas características. La Juez Rosanna Vásquez, formada jurídicamente para hacer cumplir las garantías constitucionales, decidió en consecuencia. Ella no está obligada a predecir el futuro.

Todos los ciudadanos debemos estar vigilantes para que las autoridades cumplan con sus obligaciones, pero sin excesos contra los derechos ciudadanos ni complicidades con el crimen.