Justicia diferenciada

La misión que debe jugar el juez de hoy está muy lejos del papel que cumplía el magistrado en los siglos pasados. Espanta el solo pensar que los viejos hábitos se mantienen en nuestra época. Cada nuevo período histórico se impone al anterior por medio de valores, principios y normas que se diferencian diametralmente de los anteriores. Y esto se produce por la lucha política, muchas veces violenta y cruel, que se libra para sustituir un orden por otro. Si no es así, entonces no hay ruptura, sino continuación en el tiempo.

El sistema jurídico de toda sociedad siempre es un instrumento político al servicio de los sectores dominante. Publiqué un libro para probar esa verdad. Se titula “El Derecho, un instrumento político”. Como tal, el orden legal protege los intereses creados y a sus propietarios o beneficiarios. Si luce que sanciona a uno de los sectores dominantes, lo hará por haber caído este en desgracia frente a sus pares o por haber sido muy torpe en su manejo. Sin embargo, siempre se le buscará la fórmula para mitigar el rigor de la norma que se le aplica y el tiempo que dure. Puede ser por causas atenuantes, interpretaciones de la ley, amnistía, indulto o perdón presidencial, condiciones especiales en la cárcel, prisión domiciliaria o libertad condicional.

Todo el peso de la norma sancionadora se aplicará cuando el procesado sea un adversario de los sectores dominantes o uno de los del montón salido. Es así y no puede ser de otra manera en el sistema que nos rige. La sociedad no es homogénea. Está dividida en clases sociales. Estas tienen contradicciones coyunturales, pero otras son antagónicas, irreconciliables. Los dominantes se legitiman con la aplicación del sistema jurídico. Los que ignoran esta verdad, lo pagan caro.

Ahora bien, en un Estado Social y Democrático de Derecho como el que consagra el artículo 7 de nuestra Constitución, y que los dominicanos tenemos que construir, el sistema jurídico no es un Faro a Colón que les cae encima a todos los que disienten o son sometidos a la justicia.

El juez de hoy debe ser garantista, protector de los derechos fundamentales, aplicador de la Carta Magna u otra norma que beneficie más al procesado. Tiene que ser justo con su decisión. Esto implica proteger la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa y el debido proceso, conforme a los artículos 68 y 69 del Pacto Fundamental. Puede interpretar la norma de la manera más favorable al que está siendo juzgado, de acuerdo al artículo 74.4 de la Ley de Leyes. O ejercer la tutela judicial diferenciada, para proteger al más débil o en peores condiciones en el juicio, según el artículo 7.4 de la ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

Por tanto, el juez de hoy no es boca ni esclavo de la ley injusta. A costa de su seguridad y ascenso en el sistema, el juez es y debe ser decidor de derechos y aplicador de justicia para todos.