La juristocracia

En nuestro país estamos acostumbrados a llegar tarde a la fiesta de las grandes ideas. Por eso solemos impulsar movimientos culturales y artísticos cuando en otras latitudes, como Europa, por ejemplo, ya han rebasado esas manifestaciones. Pero en lo jurídico y en lo político somos más patéticos todavía. Nuestra condición de insularidad nos lleva a lucir aislados del resto del mundo. En tiempos pasados se entendían y hasta se justificaban esas tardanzas, pero en la actualidad no. Solo la vagancia intelectual y la costumbre de consumir fiambres explican ahora esa actitud.

Vivimos en la era de la globalización, en la sociedad del conocimiento, en el mundo de la información, en el reino de la informática, en el predominio de las redes sociales; pero muchos no se dan cuenta. Lo que pasa en cualquier parte del mundo, ya se puede saber al instante en las antípodas o en el otro lado del globo terráqueo.

La juristocracia o gobierno de los jueces se intentó hace mucho en diversos países y fracasó. Esa es una noticia vieja. Sin embargo, en nuestro país hay una tendencia que está propugnando por instaurar subrepticiamente esa forma de dominio.

Muchos no entienden que en la sociedad capitalista existe la división social del trabajo. A cada grupo de poder le corresponde ejercer su esfera de influencia. No se debe extralimitar ni usurpar las funciones ajenas.

Los políticos, como representantes de las clases sociales, son los llamados a dirigir el gobierno. A los hombres y mujeres que asumen la magistratura les corresponde ejercer la potestad jurisdiccional del Estado, como administradores de justicia. Estos dicen el derecho y le dan a cada uno lo que le pertenece. Nada Más.

Nuestra Constitución es clara y contundente. En su artículo 4 asume la teoría de Montesquieu, sobre la división de los poderes del Estado y la no delegación de funciones. Ahí están los poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial para cumplir las funciones que la Carta Magna y las leyes les asignan, en interrelación permanente y sin interferencia entre ellos. Nadie puede llamarse a engaño con eso.

Ciertamente, así es. Lástima que algunos pretenden ignorarlo.

Así como los comerciantes, empresarios e industriales están para hacer negocios y desarrollar la economía con sus actividades, los políticos están para gobernar cuando la voluntad popular los elige para esos fines. Los jueces no escapan a esa división. Ellos están para juzgar y decir por sentencia la decisión que han tomado sobre los casos de que son apoderados. Jamás para gobernar la sociedad.

Resulta provechoso aclarar que los jueces son ciudadanos y como tales pueden y deben opinar sobre todo lo que les afecte o atañe a la sociedad en que viven o al mundo, siempre que no estén conociendo judicialmente un caso sobre ese tema. En ese caso, hablarán solamente por sentencia.

Instaurar la juristocracia es un sueño trasnochado de algunos ilusos. Es una pretensión delirante e inútil.