La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por medio de su sentencia del 24 de octubre de 2012, condenó a nuestro Estado. Lo hizo en el caso Nadege Dorzena y otros Vs. República Dominicana, por la violación de derechos fundamentales. La CIDH no desperdició la oportunidad de enrostrarnos, con profusión de detalles y con un arsenal argumentativo especial, que estamos en el nivel más bajo, respecto a lo que debe ser una nación civilizada. Y lo merecemos, aunque nos duela. Debemos ser autocríticos.

Conforme a la CIDH, el Estado dominicano violó los derechos a la vida, a la integridad personal, con fuerza excesiva, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la circulación, a la protección judicial, que significa el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. También comprobó que no hemos cumplido con el deber de adecuar el derecho interno a los requerimientos de las normas internacionales, o sea, a los tratados, convenciones, pactos, acuerdos y declaraciones sobre derechos de que somos signatarios. Entre ellos, y de manera especial, la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Tienen rango constitucional.

Solo nos libramos de ser condenados por la violación de los derechos a la personalidad jurídica y a la igualdad ante la ley. Cualquier conocedor de las ciencias jurídicas y el neoconstitucionalismo, sabe que estos derechos fundamentales están expresados también en el derecho a la vida y al debido proceso, en que resultamos perdidosos. Nos condenaron a una revisión profunda del sistema jurídico y al pago de indemnizaciones económicas.

El proceso en que nuestro país obtuvo tan lamentables resultados en la CIDH se originó con motivo del asesinato de seis haitianos y un dominicano que transitaban en un camión, en junio de 2010, próximo a la frontera con Haití y junto a otras cincuenta personas. Se negaron a detenerse en un chequeo militar y fueron perseguidos a tiro limpio por nuestros soldados. Varios fueron alcanzados mortalmente por los disparos. El camión se volcó y los que pudieron corrieron para salvar sus vidas, mientras se les aplicaba la ley de fuga, con un saldo de varios muertos más. Luego, los apresados y heridos fueron tratados salvajemente en destacamentos policiales y en hospitales de la región. Los militares involucrados en estos actos fueron tratados benignamente por los Consejos de Guerra o tribunales militares que les juzgaron.

Muchos se rasgarán las vestiduras con esa nueva condena que pesa en el historial internacional de la República. Pero de lo que se trata no es de llorar, sino de que tomemos las medidas necesarias para registrar y disciplinar la inmigración; para controlar la frontera; para reeducar a los militares, y para ejercer nuestra soberanía sin violar los derechos fundamentales de ninguna persona.