Justicia y políticos

Por: Rafael Ciprián

En nuestro medio es común escuchar a jueces, fiscales y abogados, incluso a representantes señeros de la llamada sociedad civil, afirmar que no son políticos. Siempre hemos sospechado profundamente de los que así se auto clasifican.

Observamos detenidamente, con la intención de descubrir si ellos creen en lo que dicen o si nos quieren tomar el pelo o, peor aún, si son hipócritas y cínicos rematados. La posibilidad de que sean ignorantes la descartamos. Hasta llegan a lanzar improperios contra los que identifican como políticos. Los ven como un sector de la sociedad que merece ser repudiado.

Sin embargo, el autor de esta columna tiene la firme convicción de que todos somos políticos, y los que niegan esa condición son los más políticos, aunque vergonzosos y vergonzantes.

Para ellos la justicia nunca debe ser política. Aseguran que la política daña o pervierte la función del Poder Judicial. Dicen que un juez o un fiscal o un personaje de la sociedad civil político es lo peor que puede tener el país. Desde que Aristóteles, el alumno más aventajado de Platón, declaró que todas las personas son animales políticos, nadie ha escapado de su aseveración.

Ciertamente, todos somos políticos, aunque muchos no seamos miembros activos de ninguna organización política. Podemos ser apartidistas, pero nunca apolíticos. Esto así porque somos parte de la sustancia humana de un Estado, como miembros de la nación, y no podemos sustraernos de esa condición.

Y la administración de justicia es el ejercicio de la delegación en el Poder Judicial de la potestad jurisdiccional del Estado. Por tanto, toda sentencia, toda resolución, todo acto y todo hecho que emane de la justicia es claramente, se comprenda o no, se acepte o no, una manifestación política.

Lo que nunca debe suceder es que la justicia pierda su condición ideal de independencia e imparcialidad frente a los partidos políticos. Esto es, que jamás debe decidir en base a líneas partidarias u órdenes que le tracen los líderes políticos.

Nuestra justicia únicamente está sometida, y plenamente, al ordenamiento jurídico. Y como sabemos que ese ordenamiento jurídico lo establecen los líderes políticos, por medio de las líneas que bajan a sus legisladores, entonces los administradores de justicia estamos en el deber de interpretar la Constitución, las leyes y las demás normas del sistema para aplicarlas conforme los principios de razonabilidad, proporcionalidad, eficacia, equidad, entre otros.

Así las cosas, hasta la judicialización de la política es buena. Es muestra de la fortaleza de las instituciones y del destierro de las turbas en la plaza pública o de las montoneras, siempre que la política sea sometida a las reglas del derecho, y no el derecho a las reglas de la política. mental, pruebas psicológicas, biológicas, imágenes, electroencefalografía.

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