Reforma y moral
La reforma constitucional nunca es pacífica. Poco importa su contenido y alcance social, económico, político o jurídico. Siempre, como todo en la vida, y sin importar de qué se trate, genera su contrario.
Ciertamente, la lucha de contrarios es inevitable en cualquier cambio institucional de la sociedad. Y toda intención de reforma a la Carta Magna es una clara provocación al debate público.
Así lo imponen los más elementales principios de la dialéctica, aplicados a la interacción entre los factores reales de poder que coexisten en una sociedad.
Pero eso no justifica la conducta de doble moral que regularmente se ejerce en la actividad política. Esto es, que las cosas son buenas, necesarias y urgentes si las hace uno, pero son malas, innecesarias e imprudentes si las hace otro.
Ese comportamiento de doble moral es observado con asombro por la población. Y produce en ella una especie de desprecio por quienes exhiben ese comportamiento.
Todo intento de reforma de la Ley de leyes tiene una doble intención. Una de ellas se dice y la otra se oculta.
Por esa doble intención la reforma impone que sus promotores manejen dos discursos: uno que está dirigido a la sociedad, que transmite las ideas que sus gestores creen que desea escuchar el público, y otro muy diferente, y hasta contrario al anterior, que es para el consumo del estrecho círculo de los que manejan el poder.
Se ha hecho común que cada uno de los presidentes de la República, con muy escasas y honrosas excepciones, quiera producir su reforma constitucional.
Quienes seguimos de cerca el acontecer nacional sabemos que algunos Presidentes no declararon públicamente su proyecto de reforma constitucional porque los números no les daban para tanto. O que la coyuntura política les era tan adversa en el ánimo internacional o nacional que no se atrevieron a continuar con sus propósitos. Y lo ocultaron con la energía que era digna de mejor causa.
Nadie puede negar, sin que luzca como un ignorante de pacotilla, que toda ley es perfectible y que todo Pacto Político puede ser revisado. Lo importante es que se planteen con claridad, sinceridad y corrección los aspectos que se pretenden cambiar.
De esa manera la sociedad podrá ponderar la propuesta de reforma. Lo hará con un grado de objetividad y de trascendencia mayores que la de los legisladores, una vez que se constituyan en Asamblea Revisora.
Esto así porque cada diputado o cada senador de nuestro sistema bicameral tiene sus compromisos políticos claramente identificables. Los que son del partido oficial o sus aliados, apoyarán la reforma que les someta el jefe de Estado de turno, aunque tengan sus reservas políticas. Y algunos legisladores de la oposición, se opondrán a todo, hasta que los “convenzan”.