En la sociedad dominicana, marcada profundamente por la tradición autoritaria, muchos de los funcionarios públicos se creen dioses en la Tierra. Tenemos jueces que se consideran que están por encima de los simples mortales. Ellos deciden las controversias que les quitan el sueño a los demás. Con sus decisiones, afectan lo que más aprecia el ser humano: la libertad, la familia, la propiedad, la honra y la fama.

Los demás funcionarios públicos no se quedan atrás en su delirio de superioridad. Lo lamentable no es que ellos se crean esa idiotez, sino que los ciudadanos les rindan excesiva pleitesía. Reafirman la vocación prepotente de los incumbentes. Se arrodillan para que reconozcan sus derechos.

Por eso los malos funcionarios hacen y deshacen en el ejercicio público. Saben que nadie les pedirá cuentas. Atropellan y violan los derechos como si moraran en el Olimpo. Están convencidos de que las personas tienen todos los derechos que están consagrados en la Constitución. Pero exigen que esos derechos no sean ejercidos. Si uno se atreve a actuar conforme manda la Carta Magna, entonces los poderosos indignos pegan el grito al cielo. Están dispuestos a linchar al que puso en práctica su derecho. Lo califican de imprudente, atrevido y loco. Y si es juez, peor.

Algunos llegan al colmo de decir que ese juez se cree independiente. Pobrecitos. No saben que él no sólo debe creerse independiente, sino que está obligado, por mandato del Bloque de Constitucionalidad, a serlo. Si no es independiente, será un triste y oscuro empleado del Poder Judicial. Pero jamás tendrá la dignidad ni el decoro de un auténtico juez.

Hasta ahora, los dueños del poder se han salido con las suyas. Y los ciudadanos están pagando muy caro su falta de empoderamiento constitucional.

Esa situación cambiaría radicalmente si hacemos conciencia de las garantías constitucionales, y las ejercemos como debe ser.

Nuestra Ley de leyes dedica los artículos que van del 68 al 73 para consagrar las garantías de los derechos fundamentales. El referido articulo 68 reza: La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley.

Tenemos la tutela judicial efectiva y el debido proceso; el hábeas data; la acción de hábeas corpus; la de amparo y la nulidad expresa de los actos que subviertan el orden constitucional.

Derechos sin garantías son ilusiones. Los verdaderos ciudadanos saben aplicar las garantías y hacer respetar sus derechos. Necesitamos más ciudadanos reales y menos ciudadanos formales.