Rafael Ciprián

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Con motivo de los terribles efectos que ha producido y que podría generar la pandemia del coronavirus Covid-19 en nuestro país, son muchas las voces de la sociedad civil y de dirigentes de partidos políticos que se pronunciaron a favor de una posposición de las elecciones presidenciales y congresuales que estaban pautadas para celebrarse el próximo 17 de mayo del año en curso.

La mayoría de los candidatos estaban convencidos de que el proceso electoral pasó a un segundo plano con relación a la situación creada por el Covid-19. Afirmaban que lo primero es salvar vidas y evitar que el sistema sanitario nacional colapse ante la pandemia.

El doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) hizo un ferviente llamado a la Junta Central Electoral (JCE) para que acuerde con los partidos políticos un cambio en el calendario electoral. Y esa era la correcta y necesaria posición. Se imponía que la JCE iniciara un amplio diálogo con los partidos políticos y las demás fuerzas vivas de la nación para que se llegara a un consenso que permitiera la posposición de los comicios.

No hay condiciones para la celebración de esa fiesta cívica. La extensión del estado de queda, con prohibición de transitar de una provincia a otra, aunque se dijera que sería por la Semana Santa, y la prolongación por 15 días más del estado de emergencia que hizo el Congreso Nacional, a solicitud del Gobierno, en el ámbito local, creaban las condiciones perfectas para hacer inviable las elecciones.

Y, en el ámbito internacional, el escenario es peor. ¿Cómo elegirán nuestros compatriotas residentes en el exterior sus representantes si muchos de esos países prohíben las reuniones y conglomeraciones. Algunas de esas naciones hasta suspendieron sus elecciones por la pandemia del Covid-19.

Nuestra Constitución, en su artículo 212, hace una reserva de ley sobre la autoridad en la organización y realización de las elecciones. Y el numeral 22 del artículo 18 de la ley 15-19, sobre el Régimen Electoral, otorga a la JCE las facultades para decidir sobre cualquier asunto con relación a las elecciones, más en la especial coyuntura que vivimos. Dice: “Disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral…”

El aplazamiento de las elecciones de mayo no era un asunto de la exclusiva conveniencia o interés de los partidos políticos y sus candidatos, sino de todos los ciudadanos. Hay temores de ilegitimidad del proceso, con autoridades que resulten cuestionadas, y de propagar más la pandemia del Covid-19, por la aglomeración de personas Nadie desea eso.

Posponer las elecciones era de sentido común y de alto interés nacional.