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La ola de expulsiones en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha comenzado por San Francisco de Macorís con la guillotina contra un diputado y otros dos dirigentes acusados de “alta traición”. Los expulsados han sido el diputado Víctor Manuel González (Manny), la exdiputada Josefina Marte y el vicepresidente del Comité Municipal, José Sánchez, todos  seguidores del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. González habría recibido recursos del Gobierno para sonsacar a perredeístas a fin de que favorecieran a los candidatos oficialistas. Es el argumento que también se ha invocado para expulsar a Sánchez y Marte como parte de una campaña de limpieza contra los “traidores”.  La decisión se inscribe dentro de la ofensiva que el sector que lidera el expresidente Hipólito Mejía ha emprendido contra Vargas Maldonado y su entorno después de las elecciones del domingo 20.  Como parte de la batalla no se descarta que el propio Vargas Maldonado pueda ser expulsado de la organización por los supuestos obstáculos que puso durante todo el proceso a la candidatura de Mejía. Lo de San Francisco de Macorís, una de las plazas ganadas por el PRD, puede ser solo la primera señal de la tormenta.

Presión evidente

El equipo del presidente electo, Danilo Medina, no ha tardado en impulsar una evidente campaña mediática para que renuncien los actuales funcionarios. La presión es la primera señal sobre los obstáculos con que tendrá que lidiar el próximo mandatario para estructurar su gabinete. El conflicto es complejo, sobre todo si se toma en cuenta  que el PLD ha podido retener el poder con el ingente trabajo de esos funcionarios a quienes hoy se pide la renuncia para dar paso a caras nuevas. Pero más todavía por la defensa que ha formulado de su equipo de Gobierno el presidente Leonel Fernández. La inmensa mayoría de los funcionarios son dirigentes prominentes del PLD, que no tienen por qué sentirse aludidos con la campaña. Para Medina sería más cómodo que le despejaran el camino, pero como jefe de la administración pública está en libertad de ejercer su autoridad en la designación de su gabinete. Puede quitar y poner sin más ataduras que las constitucionales.