RADAR

Las especulaciones en torno a las operaciones, captura y entrega de José David Figueroa Agosto y Sobeida Féliz Morel estarán al por mayor y detalle, incluso con los más ácidos ingredientes, en todos los ámbitos. La primera nota la puso José Rafael Ariza, el abogado de Mary Peláez, una de las imputadas en la red que se atribuye a Figueroa Agosto, al señalar que la captura de éste provocará en funcionarios civiles y militares la compra masiva del antidiarreico Lomotil. Que saliera a relucir que el presunto capo pudiera estar en Puerto Rico desde marzo e incluso que contemplara entregarse ha generado más dudas sobre el operativo durante el cual fue capturado el sábado en la calle Loíza, de Santurce. Se dice que no lo hizo porque negociaba un nuevo juicio. Está condenado a 209 años por homicidio, secuestro y otros delitos. En Puerto Rico se estima que Figueroa Agosto repartió millones de pesos para operar aquí en la forma que han alegado las autoridades. Mientras el hacha va y viene estimula la advertencia del presidente Leonel Fernández en el sentido de que no habrá vacas sagradas en el caso, que es obvio que entró en una fase de más  expectativas y especulaciones con la entrega voluntaria en Puerto Rico de la imputada Féliz Morel.

Pésimo concepto

El ministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda, tiene un pésimo concepto de los 56 generales de la Policía que dice quieren sustituir al actual incumbente del cuerpo. Según Almeya, los oficiales aspiran sustituir a Rafel Guillermo Guzmán Fermín para ascender social y económicamente. No hay que abundar más, aunque como colofón citó que hay generales con fortunas y villas en Casa de Campo que no tienen como justificarlas. Guzmán Fermín puede encontrar aliento, o una suerte de espaldarazo, en los juicios del controversial ministro de Interior y Policía. Lo censurable es que Almeyda tenga informaciones tan comprometedoras y no haya actuado contra oficiales que no puedan justificar fortunas o que su aspiración sea enriquecerse.  Sin necesidad de tomar en cuenta que 56 generales en la Policía es un exceso que, como reconoce el funcionario, difiulta no sólo cualquier reforma sino hasta la lucha contra la criminalidad y la delincuencia que azotan a la población.