RADAR

Por la lluvia de quejas y reproches contra su Gobierno el presidente Leonel Fernández sufrió al menos un momento incómodo durante el almuerzo patrocinado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana. El presidente de la entidad, Manuel Diez Cabral, no se anduvo con paños tibios al declarar que la industria vive de “sobresaltos en sobresaltos” y de “amenazas en amenazas”. Si optó demandar un descanso antes que seguridad jurídica, es obvia la insatisfacción frente a las intenciones o los propios cambios en las reglas de juego. Como para no dejar dudas de sobre su preocupación Diez Cabral censuró las iniciativas oficiales para modificar tanto la Ley General de Electricidad como la de Competitividad e Innovación Industrial. A propósito de la queja de Diez Cabral, lo cierto es que en el empresariado cunde el pánico en torno a una eventual reforma fiscal para el Gobierno evitar cerrar con un déficit superior a los 47 mil millones de pesos. La eliminación de los incentivos al sector empresarial que anunció el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, se ha interpretado como el indicador más elocuente de la necesidad de recursos que tiene el Gobierno. La realidad tornó tenso el ambiente para el presidente Fernández.

Prisa delatora

Delata su vergonzosa infuncionalidad la prisa que en las últimas horas ha observado el Senado para no violar la Constitución en lo que respecta al Consejo del Poder Judicial y al del Ministerio Público. Sin discusión ni análisis ponderado el proyecto terminará sancochado por una mayoría mecánica. Más empeñados estaban los congresistas en asegurarse permanecer en sus cargos para disfrutar de los múltiples e irritantes privilegios que en cumplir la Constitución. Durante la campaña electoral se tomaron su largo receso sin dar la menor importancia al plazo fatal consignado en la Constitución para la creación de los consejos del Poder Judicial y del Ministerio Público. Con el tiempo encima ahora se apresuran a sancionar un proyecto sin estudiarlo, analizarlo ni darlo a conocer la opinión pública. El lunes 26 vence el plazo para que el Congreso apruebe las leyes orgánicas de la  Constitución que no podía ser más elogiada por el oficialismo. ¡Y ya ven!