Página Dos

RADAR

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Empedrado
A medida que se acerca su toma de posesión como Presidente, de esa misma forma crecen los obstáculos con los que tendrá que lidiar Barack Obama para sortear la cada vez más profunda crisis económica que golpea a Estados Unidos.  Aunque contaba con su más decidido respaldo, el patinazo en el Senado del plan para rescatar a la emblemática industria automovilística ha generado más incertidumbre en los mercados y pérdidas de empleo.  El Bank of America, uno de los más sólidos e influyentes de Estados Unidos, y otras compañías internacionales anunciaron más despidos masivos, en tanto la producción industrial en Europa cae más rápido de lo previsto. Obama no es un mago, y todavía se logre aprobar el plan por 14 mil millones de dólares para rescatar a los fabricantes de automóviles la tronera que ha abierto la crisis es demasiado profunda como para abrigar ilusiones. La crisis es una prueba de fuego para el carismático presidente electo.

No basta aclaración

Ante la polvareda levantada por el anuncio  del presidente Leonel Fernández de que  someterá un proyecto de ley al Congreso que autorice el uso de los  fondos de pensiones para la construcción de viviendas y otros proyectos de infraestructura, el Gobierno aclara  ahora que  la intención no es modificar la ley de Seguridad Social que regula esos recursos.

Pero, por más cierto que sea que los recursos deben ser utilizados en algún proyecto más productivo que ganar intereses, la aclaración de la Superintendencia de Bancos y otras entidades públicas no despeja el malestar que ha generado la posibilidad de que el Gobierno los toque con ningún propósito.

Si alguien tiene que disponer de los fondos de pensiones son sus propietarios: trabajadores y empleadores. El hecho mismo de que el Gobierno pretenda utilizarlos para fines sociales ha parado las orejas a muchas, generando variadas conjeturas.

Deja incluso mucho que desear que desde el Gobierno se invoque algún tipo de consenso para  utilizar los recursos cuando el mecanismo ha sido imposible para impulsar acuerdos relacionados con la gobernabilidad y el desarrollo.

Antes que politizarlos con la presencia del Gobierno o apartarlos de sus propios fines, los fondos de pensiones deben permanecer a buen resguardo, aunque sólo sea ganando intereses. No se trata de un problema de buenas intenciones, sino de confianza.

El Nacional

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