Estafa burda
Los más de 80 millones de pesos que según el obispo José Dolores Grullón y la monja María Marcano habrían desviado, a través de burdas maniobras, funcionarios de la Secretaría de Agricultura en San Juan es un escándalo demasiado alarmante como para que no se investigue a fondo. El obispo de la Diócesis y la religiosa del Centro de Información de las Hermanas Dominic acompañaron a más de 400 productores de la zona que habrían sido víctimas de las irregularidades que atribuyen a empleados de Agricultura. Los recursos estaban destinados para adquirir la producción de cebolla, pero según los denunciantes fueron utilizados en provecho propio. Para disfrazar la operación se hizo figurar como beneficiados a agricultores fantasmas, familiares. Los productores alegan que además fueron víctimas de chantaje y extorsión. La denuncia es otra tarea para el locuaz Departamento contra la Corrupción y hasta para las propias autoridades de Agricultura.

Momento
de reflexión
Al condenar los linchamientos y la violencia contra haitianos en Neiba y Guayubín, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ha vuelto a plantear la necesidad de definir, a la mayor brevedad, una política migratoria y consciente.

Como el planteamiento había sido formulado mucho antes de que estallaran los siniestros conflictos que hasta ahora han dejado tres muertos y varios heridos, así como decenas de casas incendiadas y saqueadas, se tiene que preguntar por qué no se ha querido definir esa política.

Como no puede ser esa dejadez e incompetencia de que suele hacer gala la burocracia hay que suponer que intereses políticos y económicos muy poderosos se han interpuesto en la elaboración de esa política que evite, en lo adelante, abusos tan censurables contra inmigrantes haitianos.

En medio de la hoguera se anuncian todas las medidas para minimizar el fuego. Pero tan pronto se estabiliza la temperatura social todo se olvida y el mismo desorden que ha evidenciado el estallido retoma su cauce.

Si las autoridades no se deciden a aplicar la ley o definir su política migratoria alguna razón deben tener. Y es precisamente lo que se quiere saber, más ahora después de la avalancha por un incidente ocurrido en Neiba contra inmigrantes haitianos residentes legal o ilegalmente en el país.

pie

José Dolores Grullón