Son muchas las interrogantes que saltan sobre el tapete con relación a pesquisa de una comisión de la Cámara de Diputados en torno a los conflictos en la Junta Central Electoral (JCE). ¿Qué es lo que se persigue? Hay que descartar de plano, porque sería un atentado contra la transparencia y la libertad de expresión, que sea evitar que trasciendan a la opinión pública las diferencias sobre medidas que contemple el organismo. O, en otras palabras, imponer la ley del silencio a los jueces.

Si de lo que se trata es de evaluar el comportamiento de los magistrados, entonces son otros quinientos, pero hay que tener en cuenta muchos otros elementos.

Se sabe que el presidente de la JCE, Roberto Rosario, se ha quejado de que los magistrados José Angel Aquino y Eddy Olivares no lo dejan trabajar. Sin embargo, éstos han reivindicado el carácter de colegiado del organismo, por lo que alegan que las decisiones no se pueden imponer en forma unilateral.

La comisión no puede parciliazarse y menos irritarse porque uno de los magistrados haya informado a los legisladores sobre el caso de los más de 22 mil dominicanos de ascendencia haitiana despojados de su nacionalidad por la JCE. La comisión tiene, pues, que hilar fino.