RADAR

Con el propósito de prevenir que se vulnere la integridad física y moral de los niños, un tribunal de Venezuela ha prohibido la publicación de fotografías e informaciones sobre hechos violentos. La polémica decisión, que sin duda riñe con el derecho a la información, ha sido de inmediato utilizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), medios venezolanos e internacionales como ariete contra el presidente Hugo Chávez. El caso venezolano trae a colación el arbitrario cierre durante la campaña electoral del canal 53, de Santiago, una medida que se insiste fue adoptada  para silenciar al comentarista, doctor Ernesto Fadul, un crítico del presidente Leonel Fernández y del Gobierno. Y aunque un tribunal ordenó su reapertura, tras considerarla arbitraria,   y condenó al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) a una multa de cinco mil pesos por cada día que pasara sin ejecutar la sentencia, el canal está cerrado. En Venezuela, que por lo visto no es el único lugar en donde se atenta contra el derecho a la información, se han guardado siquiera las apariencias: la decisión ha sido de la justicia y no del Gobgierno. Aaquí  se ha desacatado un mandato judicial.  El caso de Venezuela da pie para denunciar y reclamar la reapertura de TV-Cibao.

Justicia colombiana

La Justicia colombiana ha vuelto a emitir otra señal de responsabilidad e independencia al invalidar, bajo el alegato de que no fue sancionado por el Congreso, el acuerdo para la instalación en el territorio de bases militares estadounidenses.  La Corte Constitucional que desestimó el controversial acuerdo militar fue la misma que tuvo el valor de frenar las ambiciones de optar por un tercer periodo del ex presidente Alvaro Uribe. Una Justicia con la capacidad y determinación de la colombiana representa una auténtica garantía para el Estado de derecho en una región plagada por la arbitrariedad y el autoritarismo. La Corte Constitucional se la puso difícil al nuevo presidente Juan Manuel Santos al determinar que por las características de un acuerdo internacional el pacto militar con Estados Unidos tenía que ser sancionado por el Congreso. No se lavó las manos ni doblegó frente al Ejecutivo, sino que reivindicó su autoridad, cubriéndose de gloria y no de vergüenza.