RADAR

La ola de crímenes que ha matizado las navidades tornan mayores los desafíos que entidades como la Pastoral Juvenil estiman que debe afrontar el Gobierno para detener la descomposición social. Pero su coordinador Luís Rosario considera que además del sicariato y la delincuencia hay que prestar atención a la corrupción, el narcotráfico, la drogadicción, el alcoholismo y la permisividad que a su juicio tanto malean la convivencia y la paz. El sicariato ha cobrado la vida en estos días de al menos 11 personas, pero la sociedad también ha sido estremecida por crímenes tan horrendos como la muerte degollados de una pareja y un niño de ocho años en Bonao. En San Juan, una niña de dos meses  de nacida fue apuñalada por un hombre despechado porque la madre de la criatura no quería reconciliarse con él. El padre Rosario dijo que aunque se hable mucho de crisis global, es más preocupante el deterioro de principios y valores, que hace que la gente se refugie en el egoísmo y abandone el sentido de solidaridad. Los nubarrones son perturbadores, sin que nadie se llame a engaño. Las autoridades tendrán que buscar la manera no sólo de enfrentar los efectos, sino, como plantea la Pastoral Juvenil, también las causas de los males sociales.

Surte efecto

Si cientos de extranjeros han acudido a la Junta Central Electoral para regularizar sus documentos, justifica la suspensión dispuesta por la Junta Central Electoral (JCE). Los afectados han demostrado que estaban conscientes de  la violación en que incurrían, pese al alegato de la  falta de información y el costo para la demora en la renovación de los papeles. La suspensión de más de 36,400 cédulas de identidad y electoral puede parecer una medida pesada, pero la ley tiene que cumplirse en cuanto a la actualización de los documentos. Resulta hasta inconcebible que muchos extranjeros, algunos sin la menor necesidad, dejaran pasar hasta 12 años sin renovar los papeles de identidad y electoral. Los extranjeros saben que esos documentos se renuevan cada cierto tiempo e incluso que la demora suele tener su costo. Pero si en verdad los afectados han optado por pagar los impuestos correspondientes, aún a regañadientes, la Junta debe sentirse satisfecha de su decisión.