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La realidad de Chile, la nación que tiene los índices de desarrollo más elevados de la región, ha salido a la calle con la huelga de dos días, que hasta ayer había dejado un muerto, en reclamo de reformas laborales y políticas. Desde antes del paro convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras entidades, el clima se había tensado con protestas estudiantiles contra decisiones del Gobierno sobre la educación superior. Una marcha pacífica que reunió a miles de personas fue abortada por vándalos encapuchados que propiciaron disturbios y saqueos. Durante las protestas el movimiento estudiantil, sindical y otros sectores han puesto de relieve que el 7% que se destina a la educación es insuficiente para una enseñanza de más calidad. Pero han advertido que para convertir a Chile en una nación más competitiva y garantizar una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones  se requieren reformas laborales y políticas. Todo eso ocurre en una nación cuyo presidente, el empresario Sebastián Piñera, también está entre los mejor valorados de la región. Ls chilenos, que están a la vanguardia en  desarrollo y en el combate a males como la corrupción, llaman la atención sobre las necesidades de la región.

Respuesta sin demora

Los daños causados por las inundaciones de la tormenta Irene en provincias como San José de Ocoa y San Cristóbal ameritan de la más urgente intervención de las autoridades para conjurar el drama que sufren decenas de familias. Todavía en las últimas horas la comunicación en San José de Ocoa era a través de un puente aéreo. El desbordamiento de ríos y cañadas destruyó puentes y carreteras, incomunicando a los principales municipios, además de dañar más del 70 por ciento de su producción agrícola. Y sólo en Cambita Garabito, San Cristóbal, unas 500 familias habían perdido sus viviendas a causa de los aguaceros. En Madre Vieja los estragos no pueden ser más espantosos. El drama  urge de respuestas concretas y no mediáticas. Y más cuando en ocasión del fenómeno el Ministerio de Obras Públicas y otras entidades habían anunciado que estaban preparados para prevenir y afrontar las consecuencias. San José de Ocoa y San Cristóbal demandan una intervención sin demora.