RADAR

La inseguridad e irregularidades que giran en torno al negocio del gas licuado de petróleo tienen que ser enfrentadas con medidas enérgicas. Esa es la verdad. Pero esas medidas no pueden ser abordadas de manera unilateral, sino consensuadas entre todos los sectores que intervienen en la comercialización del carburante.  Más ahora con el rechazo que ha generado la decisión del Instituto de Protección al Consumidor (Proconsumidor) para que el gas se venda por libra en las envasadoras. Las buenas intenciones no se cuestionan, pero las objeciones de transportistas y otras entidades son para que Proconsumidor reflexione y entienda que un sector tan conflictivo no se puede manejar al margen de las partes. Es obvio que los transportistas de petróleo y afines se han excedido al amenazar con  una huelga sin agotar las vías del diálogo sobre la necesidad de que se revoque la decisión de Proconsumidor. Pero tampoco se puede negar fundamento a la protesta. Sacar un cilindro de un vehículo e instalarlo después de comprar el gas pesado es arriesgado y plantea mucha pérdida de tiempo. Proconsumidor, Digenor y las envasadoras pueden llegar a un arreglo que sea todavía más eficaz para proteger a los consumidores con la venta de gas.

Gobierno mal parado

El Gobierno ha quedado peor parado que el sistema judicial en los detalles sobre la malversación de los 104 mil millones de pesos que denunció el director del Departamento Contra la Corrupción Administrativa (DPCA). Hotoniel Bonilla cita casos con matices retaliatorios, que no han prosperado por falta de pruebas, y otros que han sido fallados por los tribunales como sustento de su denuncia. Lo más grave, sin embargo, es que la actual Administración haya desistido de la persecución contra los acusados de malversar más de 2,400 millones de pesos a través del Programa Eventual Mínimo de Empleos (Peme). También se retiró la  querella contra los implicados en un supuesto desfalco por más de 200 millones de pesos en el subsidio al gas licuado de petróleo.  Otro escándalo de malversación del que desistió el Gobierno se refiere al Programa de desarrollo y acción barrial. Y en otros se ha indultado a condenados por fraudes. La acusación de Bonilla es contra el Gobierno.