RADAR

El vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) podrá dormir tranquilo con la expectativa de que mejoren los cobros tras la remoción de los administradores de las Empresas Distribuidoras de Electricidad Edesur, Edenorte y Edeeste. La pesadilla de Celso Marranzini son las recaudaciones, mientras que el dolor de cabeza de los consumidores son los apagones y el alto costo del servicio. Aunque se diga que las sustituciones de Rubén Bichara, Félix Tavárez y Lorenzo Ventura respondió a presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la verdad es que Marranzini buscaba el control administrativo y financiero de las comercializadoras. Tan así es que puede darse por descontado que los sustitutos de Bichara, quien se le había plantado, Lorenzo y Tavárez no fueron impuestos por el FMI, sino sugeridos al presidente Leonel Fernández por el vicepresidente de la CDEEE.  Como horas antes de las sustituciones  se había quejado de que a un año de su gestión en la CDEEE el pobre desempeño en los cobros por parte de las Edes no lo dejaba dormir, el funcionario tiene ahora la esperanza de siquiera pegar los ojos. Con los cambios en las Edes ha ganado una batalla.

Conflicto se enreda

El conflicto en torno al  contrabando millonario detectado en Santiago se enrenda todavía más con el desmentido  de la Dirección General de Aduanas de que favoreció la libertad de los detenidos. La Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago defendió la sentencia a favor de Adalberto Rosa Rosario, Miguel Angel Lazala y Herald Estévez Peña bajo el alegato de que tanto la procuradora Vielka Calderón como Aduanas habían solicitado variar la coerción contra los acusados. La decisión ha enfrentado a la fiscal Jenny Berenice Reynoso, quien cuestionó la libertad de los imputados, y la procuradura Calderón. La aclaración de Aduanas de que no ha pedido verbalmente ni por escrito que se variara la coerción de prisión a libertad condicional, lo que extrañaba, confiere un nuevo giro al escándalo. Ahora no sólo la Procuraduría General de la República, sino la Suprema Corte de Justicia tendrán que investigar el conflicto que se agrega al alegado fraude millonario en Aduanas.