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Si las distribuidoras de electricidad pierden cada año la friolera de 727.6 millones de dólares, la mayor parte de los cuales por robo, bien está este país, que, con tantos ladrones que operan sin dejar huellas, todavía no los han desaparecido del mapa. Es insólito que a pesar de los servicios de inteligencia, la procuraduría adjunta para perseguir el fraude y muchos otros organismos las edes pierdan solo por hurto más de 482 millones de dólares.

Que no se hable de los barrios marginados, porque el consumo de esos sectores es, en gran medida, subsidiado por el contribuyente. Los únicos que tienen capacidad para una operación de tanta magnitud son personas con recursos e influencia, quienes no siempre tienen necesidad de exponerse a conexiones ilegales.

Consiguen el servicio por otra vía. Los administradores de las distribuidoras dieron cuenta de las escandalosas pérdidas al anunciar una jornada para regular a unos 40 mil usuarios del servicio. La regulación es conveniente, pero sin dejar de perseguir a los turpenes que se las arreglan para evadir el pago de unos 483 millones de dólares al año. El problema con los cobros ha sido una de las permanentes preocupaciones de los organismos internacionales respecto al sistema eléctrico.