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Contrario a otras revisiones, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) no pudo ocultar “la zurrapita” que parece haber dejado en  sus negociaciones con el Gobierno dominicano, al señalar en su  documento de conclusión que el proceso de la séptima revisión continuará en Washington y que las autoridades dominicanas no pudieron cumplir metas referidas al déficit fiscal ni con  la reducción de los subsidios  al sector eléctrico. Aunque señala que las condiciones macroeconómicas se mantienen favorables,  el FMI  redujo las previsiones de crecimiento  económico y  reveló que  la inflación  alcanza ya el 10 por ciento. La economía crecería  en un  cuatro por ciento y no en un 5.5 por ciento  según el gendarme, que atribuye  la reducción al impacto negativo del entorno externo. Se  ha dicho que el FMI deseaba que el Gobierno enviara una ley al Congreso suprimiendo de un  solo corte  el subsidio cruzado que se aplica a la tarifa eléctrica, lo que significaría un incremento de un 17 por ciento  en su valor, algo así como una explosión  que  se señala que el Presidente rechazó de cuajo. También se dijo que  un ministro con los apellidos extraviado le dijo a los comisionados del Fondo que  ante tal  exigencia lo mejor sería un divorcio por mutuo consentimiento. Esta vez, parece ser que el Gobierno se paró firme en sus dos extremidades.

Delincuencia se recicla

Con la iniciativa de modificar el Código Procesal Penal, no pocos actores del sistema de persecución penal y de administración de justicia buscan evadir  responsabilidad en torno al auge de la violencia y de la criminalidad. ¿Cómo culpar  a ese Código por la puesta en libertad de los acusados de robar  toda la estructura de metal que servía de soporte al puente de Haina? No es justo, tampoco, endilgarle culpa a ese vetusto texto de que la mayoría de los más de tres mil sometidos por narcotráfico han sido puestos en libertad por jueces de diferentes instancias y jurisdicciones. Es menester  decir que  la sociedad, ni los sectores populares  en particular, son hoy industrias que producen delincuentes a granel. Lo que ha sucedido es que la delincuencia se recicla, porque son pocos los infractores  de la ley penal  que reciben condena en última instancia. La mayoría de esos antisociales retorna a las calles en menos de lo que pestaña un pollo. Sin negar  la necesidad de ser revisado,  se insiste en  reclamar que no culpen a ese Código por la lenidad, negligencia o corrupción de jueces, fiscales y policías.