RADAR

Con la necesidad que tiene el país de un mejor servicio eléctrico sería una lástima que por negligencia del Gobierno se pierda un financiamiento para la construcción de una línea de energía eólica entre Las Galeras y Las Terrenas, en Samaná. Todavía pueda salvarse el financiamiento de 2.3 millones de dólares en condiciones blandas, la burocracia estatal habría jugado un pésimo papel en el proceso para aprovechar la energía del parque eólico Profesor Juan Bosch. Al sonar la voz de alarma, el director ejecutivo de la Generadora Eólica de Las Galeras, Julio Cordero, dijo que un simple certificado de no objeción que ha debido expedir la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) es lo que ha atascado el desembolso que facilitaría una agencia de Estados Unidos. Cordero se quejó de que el vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marranzini, y el director de la Comisión Nacional de Energía, Enrique Ramírez, no han podido ayudar en la obtención del permiso para la línea. Es inconcecible que frente al deterioro del sistema eléctrico y la necesidad de aumentar la producción pueda perderse un financiamiento para aprovechar el suministro de energía.

Poder Judicial

El Consejo del Poder Judicial se activó para investigar sentencias de la Corte de Apelación de San Cristóbal a favor de supuestos sicarios. Los escándalos que se han denunciado en la provincia no son para menos. Eso de liberar a un supuesto sicario involucrado en la muerte de dos jóvenes en Palenque y Nizao tiene que aclararse. Pero el Consejo también debe tomar carta en la ofensiva fianza de 5,000 pesos que una jueza del Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo impuso, como medida de coerción, a un imputado de violar y asesinar a una haitiana de nueve años.  La monstruosa sentencia a favor de Santos Santana (René), que no se sabe si ha sido apelada por el Ministerio Público, no puede ser soslayada por el organismo que preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa. Un hombre acusado de violar y asesinar a una niña no puede estar en libertad, y menos tras el pago de una fianza prácticamente simbólica.