RADAR

Trama contra RD

Por ser falsa de toda falsedad, la discriminación contra los haitianos que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) atribuye a República Dominicana se inscribe dentro de algún plan macabro contra el país. El PNUD no puede asumir cualquier caso aislado para certificar que en el país se persigue y menosprecia a los inmigrantes haitianos. En todos los países hay sectores que rechazan la presencia de extranjeros, legales o ilegales, pero esas actitudes en modo alguno comprometen a los Estados. Los inconvenientes que enfrentan los haitianos son los mismos de los dominicanos de escasos recursos económicos, porque son propios de una nación pobre. Es suspicaz que en víspera de una cumbre domínico-haitiana, sobre la que ya han salido a relucir nubarrones, la ONU se destape con un informe falso e injusto. Se puede pensar que forma parte de algún plan avieso contra República Dominicana, que además ha sido víctima de una campaña internacional de infundios a causa precisamente del problema haitiano. Los haitianos trabajan aquí sin documentos y jamás se les ha negado derecho a la salud, la educación ni a ningún servicio público. A diferencia de los países que pueden estar detrás del nefasto informe de la ONU.

Concurso saludable

Procede con apego a la ley la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana al licitar la construcción del proyecto hidroeléctrico Artibonito. Cabe esperar, como ha garantizado el administrador de la firma estatal, ingeniero Rafael G. Suero Miliano, que la licitación cumpla con la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y conceciones. Los concursos aportan transparencia y constituyen el mecanismo más idóneo para proteger la inversión pública. El proyecto hidroeléctrico Artibonito está llamado a mejorar el sistema de regadío en la Línea Noroeste y, por supuesto, a incrementar la capacidad instalada en la producción de energía. Actuar con apego a la ley será siempre una contribución a la claridad y al necesario fortalecimiento institucional. La ley de compras y contrataciones de bienes y servicios fue aprobada para terminar  con la suspicacia de la modalidad del grado a grado. Se tiene, eso sí, es que garantizar los resultados.