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Condiciones inaceptables

Para que el presidente de facto de Honduras deje el poder habrá que echarlo de la misma forma en que él lo asumió: a la fuerza. Cada día se muestra más renuente e insolente para propiciar una salida pacífica a la crisis que ha supuesto el golpe de Estado del 28 de junio contra el presidente constitucional Manuel Zelaya. Micheletti ha puesto como condición para dejar el poder que Zelaya no sea restituido en el cargo. Parece que el respaldo endosado por tres halcones de Estados Unidos, entre los que figuran los diputados republicanos por La Florida, los hermanos Lincoln y Mario Díaz Balart, lo han envalentonado. En la mesa de diálogo que patrocina la Organización de Estados Americanos (OEA), el secretario general José Miguel Insulza había citado la reposición condicionada de Zelaya en el poder como el principal de cinco puntos para superar la crisis. La verdad es que se ha buscado toda la vuelta sin que haya forma de que Micheletti entre en razón. La reinstalación de Zelaya no debería estar condicionada, pero ni siquiera así acepta una solución el presidente de facto. Es obvio que no deja otro camino que apelar para destituirlo a los mismos métodos que utilizó para adueñarse del poder. No hay más remedio.

Tarifa eléctrica

El Gobierno ha reivindicado como un triunfo que el polémico acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no implicará otra reforma tributaria. Sin embargo, en la carta de intención se establece que el convenio incluirá, entre otros ajustes, el de la tarifa de electricidad. No hay que hacer el menor ejercicio para saber que el reajuste de la tarifa eléctrica, con el que ha cargado un sector importante de la población, implicará un alza hasta de la respiración. Ninguna actividad productiva excluye la electricidad de su proceso. Y si el servicio es actualmente costoso, tras el acuerdo con el Fondo puede darse por descontado que lo será más todavía. La electricidad arrastrará alzas en el transporte y otros sectores con efectos multiplicadores. Sería entonces un abuso incalificable promover también otra reforma fiscal para completar las condiciones del acuerdo con el FMI. Y más cuando el Gobierno tampoco ha renunciado a la emisión de bonos soberanos.