RADAR

El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, ha defendido la insólita sentencia que restringe el derecho a la información en el proceso contra los implicados en la  red de lavado de activos que encabezaría el  capo boricua José David Figueroa Agosto. Pero el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, defiende, aunque con mucha timidez, el libre acceso a la fuente informativa. Por tratarse del representante de la sociedad, la posición de Moscoso Segarra representa una nota tan preocupante como un nubarrón para el clima de las libertades. Por más facultad que según el representante del Ministerio Público pueda tener la magistrada para impedir el acceso de la prensa a un juicio, por demás de tanta expectativa, la cuestionable decisión atenta contra el derecho a la información. Y el pretexto de que la medida se ha tomado para preservar la honra de Figueroa Agosto y de su esposa no sólo es ridículo, sino cínico. Nadie ha sido más denostado que Figueroa Agosto. Con razón se piensa que algún escándalo que pudiera comprometer a vacas sagradas quiere ocultarse a la opinión pública con el indefendible y censurable proceso secreto a los implicados en la banda que encabezaría Figueroa Agosto.

Indotel y  TV Cibao

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) ha endosado a la Suprema Corte de Justicia la responsabilidad con relación al arbitrario cierre del canal TV Cibao. El organismo alega que el tribunal es el que no ha fijado fecha para conocer en casación la sentencia de una magistrada que, tras calificar el cierre de la planta como un abuso de poder, ordenó su reapertura, la devolución de los equipos y el pago de cinco mil pesos diarios en caso de violarse la sentencia. Indotel alega, sin embargo, que al ser apelada la sentencia de la magistrada Rosmery Veras quedó en suspenso conforme a la resolución 388-09, del 5 de marzo, emitida por la Suprema Corte de Justicia. Si es así habrá que fijar audiciencia sobre un conflicto que comenzó el 26 de marzo con el cierre, por evidentes razones políticas, del canal de televisión. Se insiste que con la decisión se buscaba callar al productor Ernesto Fadul, un crítico del presidente Leonel Fernández y de muchos funcionarios públicos.