Transportistas por su cuenta

Transportistas de San Cristóbal volvieron a dar otra demostración de poder al retener durante más de una hora, sin que nadie les pida cuentas, a unos 300 pasajeros que viajarían en una excursión a Higüey. A los operadores de las rutas A y B les disgustó que no se les contratara para la gira, por lo que decidieron actuar contra los excursionistas. Retuvieron cinco autobuses hasta que la Policía logró persuadirlos para que los dejaran marcharse. Ninguno de los participantes en la suerte de secuestro fue molestado ni detenido. El incidente sólo ratifica que los transportistas actúan por su cuenta y hacen lo que les viene en gana. El pasajero no tiene la opción de recurrir a la tarifa que más se ajuste a sus posibilidades, sino la que imponen los señores que se han erigido en dueños del país. De no mediar la politiquería hace tiempo que transportistas que incurren en atropellos como el que se acaba de cometer en San Cristóbal hubieran tenido que dar cuentas de sus actos. Pero las autoridades prefieren hacerse de la vista gorda, como ocurre con las frecuentes violaciones de las leyes de tránsito. Lo de San Cristóbal representa sólo un episodio más del desorden y la inseguridad que caracteriza el transporte de pasajeros en el país. Una pena.

Conflicto en el limbo

Ha caído en una suerte de limbo la suspensión de 27 abogados y empleados de la consultoría jurídica de la Junta Central Electoral (JCE) por su participación en supuestas irregularidades. Las investigaciones no terminan, pero, mientras tanto, el departamento está prácticamente paralizado. El consultor jurídico Guarino Cruz explicó que el personal es insuficiente para tramitar más de 200 expedientes que se reciben cada día en el organismo. El impasse ha llegado a un grado que el presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán, ha convocado al pleno para analizar el problema. Lo que no se ha determinado son las razones por las cuales la Fiscalía del Distrito Nacional no ha concluido las indagatorias de las supuestas irregularidades que se habrían detectado en la expedición de documentos. La verdad es que la imagen del tribunal se ha visto afectada por las irregularidades con actas para cédulas y defunciones. El conflicto debe aclararse.