RADAR

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) disiente de las cifras oficiales sobre la presión tributaria. Su presidente, Manuel Díez Cabral, alegó que muchos de los impuestos que pagan los empresarios no son contabilizados por las autoridades, entre los que citó el aporte a la seguridad social. Además indicó que el sector paga el doble de lo que tributa la economía informal. Como si se tratara de algún plan para acondicionar a la opinión pública, desde el Gobierno se insiste en que la presión tributaria, que algunos funcionarios sitúan en un 14%, como mucho, es lo que impide que se puedan atender demandas como las del 4% para educación.  Sin embargo, hasta asesores del Presidente de la República desienten de  argumentos, que, para algunos, generan suspicacias. Las autoridades no han renunciado a elevar la carga impositiva, aunque es obvio que no será por ahora por el asunto de las elecciones. Saben que sería catastrófico para sus aspiraciones.  El cúmulo de impuestos suele con frecuencia ser invocado como obstáculo hasta por inversionistas extranjeros.  Pero la reacción de los empresarios ha dejado la interrogante de si sólo disienten de los datos sobre la presión tributaria o de las estadísticas oficiales.

No daña lo que abunda

Lo que abunda no daña. La expresión  viene como anillo al dedo a propósito de los observadores del torneo electoral de mayo de 2012. Mientras más observadores se acrediten, pues más garantía se tiene sobre la transparencia del certamen. No puede ser una labor de una sola entidad, por más confiable y mayor que pueda ser su reputación para cumplir con una misión que todavía es imprescindible en este país. Aunque cueste reconocerlo.  Pero es claro que no se puede acreditar a cualquiera, además de que las autoridades electorales, para evitar sospechas, tienen que mantenerse lo más equidistantes posible de quienes cumplan la tarea.  Lo más que pueden hacer es facilitar la logística para que los observadores, nacionales y extranjeros, puedan cumplir a cabalidad con la delicada tarea. Los observadores deben cumplir una serie de requisitos incluso para que puedan ser acreditados. Pero ninguna entidad puede pretender monopolizar el proceso de observación.