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Tarde o temprano, Estados Unidos tendrá que abocarse a  revisar  la Segunda Enmienda en la Constitución Política, del 15 de diciembre de 1791, que proclama el derecho de los ciudadanos a portar armas de fuego sin mayores restricciones. En los últimos diez años  individuos  que portan armas de grueso calibre han perpetrado numerosas matanzas  en escuelas básicas, universidades, centros laborales o en plena vía pública, sin que las autoridades se aboquen a promover una revisión de ese fatídico estatuto. El viernes, un empleado descontento la emprendió a balazos contra un compañero  frente al emblemático rascacielos Empire State, lo que originó una balacera con saldo de dos muertos y  de al menos nueve heridos. Las armas usadas por el individuo que masacró a una concurrencia dentro de un cine, fueron adquiridas por Internet y se sabe que  en cualquier hogar estadounidense hoy se guarda un arsenal  siempre disponible para  cualquiera que desee perpetrar una matanza.

¿Cómo es eso?

¿Cómo   es eso de que una turba de haitianos linchó a un compatriota en Montecristi, que  hasta donde se tiene conocimiento pertenece al territorio dominicano? El incidente se produjo en la comunidad Nueva Judea, donde  fue atacado a cuchilladas y garrotazos  el haitiano Felipe Lían (Potea), que  según vecinos  fungía de guía  a compatriotas que ingresaban  ilegalmente y procuraban llegar a Santiago. Potea  murió a consecuencia  de amputación de ambas manos y fractura del cráneo con salida de la masa encefálica. Un acto brutal, salvaje, cometido por  individuos que deben ser  apresados y sometidos a la Justicia. Ese suceso  demuestra también el alto grado de permisibilidad en controles de migración    en la frontera  norte, al punto que extranjeros  se creen con derecho a perpetrar una acción tan horrorosa, en pleno suelo dominicano.