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El encuentro con el presidente Danilo Medina de una misión de las Naciones Unidas (ONU) para abordar la desnacionalización de dominicanos de ascendencia haitiana tiene muchas aristas. Desde que se pueda pensar que la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) forma parte de alguna política de Estado hasta la percepción de que el Presidente de la República es quien tiene en todo la última palabra.

 ¿Acaso no saben los representantes de la ONU que el caso de las desnacionalizaciones no compete al Poder Ejecutivo, sino a la Junta Central Electoral (JCE)? Por otro lado, no se trató de un encuentro protocolar, sino de la intervención de la ONU en un conflicto que ha adquirido dimensiones internacionales.

Por las declaraciones del coordinador residente de la ONU en el país, Lorenzo Jiménez de Luis, se infiere que el organismo ha asumido la causa de los apátridas, dándola como buena y válida. Lo dice todo la afirmación de Jiménez de Luis en el sentido de que “se trata de personas que tuvieron documentación, gozaron de identidad dominicana y de una u otra forma desde hace cinco o seis años se vieron privadas de la misma”. Todo indica que la ONU ha querido mediar antes de tomar alguna decisión al respecto. Las autoridades no solo deben entenderlo, sino incluso estar preparadas para defenderse.