RADAR

Sobra señalar que no propicia la mejor imagen que las calles sean utilizadas como escenarios para ejecuciones o dirimir a tiros limpios cualquier tipo de disputas. Pero hay que insistir en llamar la atención para que las autoridades frenen una práctica que, estimulada por la nociva impunidad, se ha convertido en una rutina. El último caso ha sido la muerte del ex sargento de la Policía Reynaldo González de Jesús, quien fue abatido dentro de su carro, un Mitsubishi dorado, por desconocidos que se desplazaban en una yipeta. El suceso ocurrió el viernes en la noche en la calle Josefa Brea, esquina 27 Este, del ensanche Luperón, en donde el ex sargento fue interceptado por los hombres armados que lo seguían. La gente suele etiquetar esos crímenes, pero el asunto no es especular sino recuperar la seguridad ciudadana. No se puede dejar que la criminalidad y la delincuencia conviertan las calles en  escenarios  para dirimir sus disputas ni para ninguna acción que sea competencia de los tribunales. La ejecución de González de Jesús se suma a los múltiples casos que la Policía tiene que aclarar. Sabido es que mientras más impunidad pues más estimulados se consideran autores materiales e intelectuales para sembrar el terror en las calles.

Alante en robos

Las estadísticas sobre homicidios y robos dadas a conocer por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) invitan a reflexionar sobre la realidad social dominicana. En robos el país, según el estudio, presenta una tasa de 556 por cada 100 mil habitantes,  por encima de casi todos los otros países de la región. Y en cuanto a homicidios, el Indice de Desarrollo Humano del PNUD, da cuenta de un 21.5 por ciento por cada 100 mil personas. También superior a otros países de la zona. Los indicadores podrán discutirse, pero en modo alguno para ocultar la realidad. De un tiempo a esta parte la criminalidad y la delincuencia callejera, con su secuela de incertidumbre, se han hecho sentir con más fuerza con más fuerza en la población. Las autoridades suelen atribuir la inseguridad ciudadana a un problema de percepción, que no es lo que dicen las estadísticas dadas a conocer por el PNUD sobre robos y homicidios. Hay una realidad que ha de enfrentarse y no negarse.