CDEEE Asombro
Dicen que los comisionados del Fondo Monetario Internacional (FMI), que arriban mañana para iniciar negociaciones con el Gobierno, se pondrán la mano en la cabeza cuando les enseñen la magnitud del déficit operativo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), que según se afirma alcanzaría los mil 800 millones de dólares.

Cualquiera se espanta con esa cifra que es el doble del monto dejado por la anterior misión que negoció un acuerdo stand by no concluido porque el Gobierno no aceptó aumentar la tarifa eléctrica en un 18 por ciento. Sin embargo, la misión del FMI debería saltar hasta el techo cuando se entere que aquí el Gobierno paga más de cinco millones de dólares mensuales por el contrato de una planta que permanece apagada o que otra termoeléctrica le vende el kilovatio hora al doble de lo que oferta una planta similar que opera en Puerto Rico con el mismo tipo de carburante. También debería sorprenderse por la extraña fómula que se utiliza para calcular el valor del kilovatio o por el hecho de que las generadoras convierten lo adeudado por el Gobierno en una provechosa gestión de tesorería, que les reporta más beneficios que tener esos capitales colocados en bancos del exterior. Son tantas las cosas y razones para asombrarse.

Antes de que la trituren

Antes de que la trituren, la directora de Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), licenciada Altagracia Paulino, ha revelado que las plantas envasadoras de gas licuado de petróleo sustraen entre el 20 o 25 por ciento del dinero que los usuarios pagan por cada galón del combustible. Hay que imaginarse el volumen de ese supuesto fraude con sólo tomar en cuenta que afectaría a dos millones 200 mil hogares. En vez de investigar la denuncia de Pro Consumidor, intervinientes en el negocio hacen todo lo posible para que la licenciada Altagracia Paulino salte del cargo, como si la función de ese organismo no fuera la de defender los derechos de los consumidores. Esa funcionaria lo único que exige en favor del público es que en cada envasadora de gas licuado de petróleo se coloque una balanza para pesar, antes y después, el cilindro con el combustible adquirido. Así de sencillo.