El ministro de Industria y Comercio anunció que siete empresas de zonas francas se comprometieron a expandir sus operaciones en Santo Domingo, Santiago y Puerto Plata con una inversión aproximada de 25 millones de dólares.

En los términos en que la ha resumido José del Castillo Saviñón, la inversión, que está supuesta a generar 3,500 plazas de trabajo, luce positiva. Pero en lugar de decantarse por los bombos que acompañaron la información, el funcionario ha debido explicar las condiciones de esas empresas para ampliar sus áreas de producción con nuevas tecnologías.

De seguro que Del Castillo Saviñón sabe que la población no ignora que en 2007, víspera de las elecciones de 2008, 32 firmas de zonas francas fueron privilegiadas por el Banco de Reservas con unos 32 millones de dólares en préstamos que todavía no han saldado. Pero que tampoco el Gobierno se ha ocupado de recuperar por ninguna otra vía, como no sea la mediática.

Tras defender la operación, la directora del Consejo Nacional de Zonas Francas, Luisa Fernández, con ese candor que raya en la tomadura de pelo ha exhortado a las empresas a pagar lo que deben. Por eso resulta tan importante que se detallen las condiciones de las nuevas inversiones que se han anunciado en el sector.