En la prolongada crisis que afloró sobre el vertedero de Duquesa desde que el alcalde de Santo Domingo Norte decidió asumir el control del relleno sanitario también las interrogantes se acumulan por montones.

En principio Fernández alegó que su intervención había sido por incumplimiento de contrato, pero últimamente aduce, como nuevo elemento, que la empresa Lajún había vendido los derechos del vertedero a otra firma. Se ha establecido que tras algunas negociaciones fallidas, la compañía, que obtuvo el contrato a través de una licitación pública en 2007, al final renegoció el convenio, que en 2009 fue extendido por 10 años más, con los inversionistas Michael Lee Chin y Luis José Asilis.

Es después de esa operación que el alcalde Fernández interviene el basurero con la intención, según versiones, de negociar la administración con la empresa Ortega Corporación, que habría contactada en España.

Los montones de interrogantes sugieren que la crisis de Duquesa ni es técnica ni de incumplimiento de contrato, sino de intereses. Por la forma en que se ha manejado, el escándalo, que amenaza con generar más de una litis judicial, esparce sombras sobre la seguridad jurídica. Y son muy legítimas las preocupaciones de los alcaldes sobre las secuelas sanitarias de los cúmulos de basura.